El gobierno del Reino Unido se prepara para introducir nuevos poderes antiterroristas que permitirán la prohibición de grupos respaldados por estados, incluyendo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). El primer ministro Keir Starmer anunció la iniciativa durante una visita a la sinagoga Kenton United en Londres, lugar que recientemente sufrió un ataque incendiario atribuido a un grupo vinculado a Irán.
La legislación propuesta otorgará al Ejecutivo británico la capacidad de designar como organizaciones terroristas a grupos que cuenten con el apoyo de gobiernos extranjeros. Además, se crearán nuevos delitos penales dirigidos a aquellos que apoyen o promuevan entidades incluidas en la lista de amenazas estatales. Esta medida responde directamente a una serie de incidentes recientes que han afectado a la comunidad judía en el Reino Unido, incluyendo incendios provocados en sinagogas y ataques a ambulancias comunitarias, atribuidos a grupos islamistas con presuntos vínculos con Irán, como Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia.
La decisión de proscribir al IRGC se produce tras una intensa presión ejercida por parlamentarios y líderes comunitarios judíos, entre ellos el rabino principal Ephraim Mirvis, quienes han solicitado una respuesta más firme ante la creciente actividad de agentes iraníes y sus representantes en territorio británico. Datos de la Community Security Trust, publicados en 2025, revelan un aumento notable de las agresiones antisemitas desde el inicio de la guerra en Gaza, registrando un total de 3.700 incidentes en el último año.
El primer ministro Starmer enfatizó el compromiso de su gobierno de garantizar la seguridad de la comunidad judía en el país. Queremos hacer de Gran Bretaña un lugar seguro para nuestra comunidad judía. Eso implica dejar claro que estamos junto a ellos , declaró. Starmer también expresó su preocupación por el creciente uso de agentes interpuestos por parte del régimen iraní y prometió que el proyecto de ley se presentará en cuestión de semanas para su inicio de tramitación en la sesión parlamentaria de julio.
La medida británica sigue los pasos de la Unión Europea, que en enero incluyó al IRGC en su lista de organizaciones terroristas, citando la represión violenta de manifestantes en Irán y su implicación en acciones encubiertas fuera del país. Australia también ha catalogado al IRGC como patrocinador estatal del terrorismo.
El IRGC, fundado para proteger el sistema islámico iraní, se ha consolidado como una fuerza con una considerable influencia militar, política y económica en Irán. Se le atribuye el patrocinio de actividades terroristas en el extranjero y se estima que cuenta con decenas de miles de integrantes activos. Organizaciones como la Junta de Diputados de los Judíos Británicos han manifestado su apoyo a la iniciativa del gobierno, señalando que la demanda de proscribir al IRGC ha sido impulsada desde diversos sectores durante mucho tiempo.
Hasta el año pasado, el Reino Unido se había abstenido de calificar al IRGC como grupo terrorista, optando en su lugar por un régimen de sanciones dirigido a individuos por sus actividades en territorio británico. Sin embargo, la escalada de ataques y la preocupación por la seguridad de la comunidad judía han acelerado la revisión de la legislación antiterrorista. El Ministerio del Interior confirmó los planes y reiteró su compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía.
Expertos en seguridad han advertido que la proscripción podría tener repercusiones diplomáticas, incluyendo el posible cierre de la embajada británica en Teherán, que se considera un puesto clave para los servicios de inteligencia occidentales. También existen inquietudes sobre las implicaciones de designar como terrorista a una entidad que controla los materiales nucleares iraníes, lo que podría dificultar futuras colaboraciones en caso de un cambio de régimen en Irán.
A pesar de estas reservas, tanto funcionarios gubernamentales como representantes comunitarios consideran que la reforma legal es un paso esencial para responder a las amenazas actuales y dotar a las autoridades de herramientas más eficaces para perseguir a quienes apoyan o ejecutan operaciones de influencia en nombre de intereses extranjeros. La legislación busca fortalecer la capacidad del Reino Unido para contrarrestar la actividad maliciosa de estados que buscan desestabilizar la seguridad nacional y socavar los valores democráticos. El gobierno británico se muestra firme en su determinación de proteger a sus ciudadanos y defender sus intereses frente a las amenazas externas.
