Justo Pastor Perafán, el abogado narcotraficante conocido como Don Pepe y El Panadero , construyó un imperio criminal utilizando su conocimiento legal para lavar dinero y manejar bienes provenientes del narcotráfico. Operó redes de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, acumulando una vasta fortuna ilícita en Colombia. Su patrimonio incluía empresas, fincas y maquinaria industrial, incluyendo una torrefactora de café que ahora ha sido subastada por el Estado colombiano.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) vendió la torrefactora industrial de café por 443 millones de pesos en una subasta reciente. La maquinaria, compuesta por equipos para tostión, molienda, transporte y empaque de café, se ofreció como una maquinaria productiva con potencial de operación en el mercado legal, permitiendo su reincorporación a la actividad económica formal. La SAE destacó en un comunicado que los fondos obtenidos de la subasta se destinarán a programas sociales y a la administración de otros predios bajo su administración.
Con esta adjudicación, la torrefactora deja atrás su vínculo con economías ilegales y pasa a integrarse al circuito productivo, en un proceso que evidencia el tránsito de activos ilícitos hacia usos legales y generadores de valor , señala el comunicado de la SAE. La entidad reafirmó su objetivo de comercializar bienes provenientes de actividades ilegales para que puedan ser utilizados de manera legal y productiva.
La historia de Perafán se remonta a su arresto en 1997 en San Cristóbal, Venezuela, y su posterior extradición a Estados Unidos. Una Corte Federal en Long Island, Nueva York, lo condenó a 30 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas, donde permanece recluido actualmente. Antes de su captura, Perafán estableció vínculos con carteles nacionales e internacionales, expandiendo su influencia y operaciones en el mundo del narcotráfico.
Sin embargo, la conexión de Perafán con el mundo del espectáculo y la política colombiana salió a la luz años después de un evento particular. El 5 de septiembre de 1993, tras la victoria de la selección Colombia sobre Argentina en Buenos Aires, se celebró una fiesta en el hotel Caesar Park, donde se alojaba el equipo. La celebración, a la que asistieron futbolistas, periodistas y figuras políticas, fue inicialmente atribuida a la Federación Colombiana de Fútbol.
La realidad, revelada posteriormente, fue que Justo Pastor Perafán había cubierto la cuenta, que ascendió a 12.000 dólares solo en champaña. Varios asistentes, incluyendo periodistas y políticos, afirmaron que desconocían el origen de los fondos en ese momento y que solo años después se enteraron de la participación de Perafán.
Hernán Peláez, uno de los periodistas presentes en la fiesta, recordó en el pódcast El país del 5-0 que un mesero alertó a los comunicadores en la recepción sobre la celebración de colombianos en el segundo piso. Un funcionario del hotel nos preguntó a los periodistas que estábamos en el primer piso quién iba a pagar la cuenta de champaña que corría a borbotones. Luego supimos que quien pagó en efectivo, de su bolsillo, fue Pastor Perafán , afirmó Peláez.
Este episodio ilustra cómo Perafán utilizaba su fortuna ilícita para proyectar una imagen de legitimidad y establecer contactos en diversos ámbitos de la sociedad colombiana. La subasta de la torrefactora de café representa un paso importante en el proceso de desmantelamiento del patrimonio criminal de Perafán y la reincorporación de sus activos a la economía legal. La SAE continúa trabajando en la comercialización de otros bienes provenientes de actividades ilegales, con el objetivo de financiar programas sociales y promover el desarrollo económico del país. La venta de la torrefactora no solo representa una recuperación financiera para el Estado, sino también un símbolo de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en Colombia. El caso de Justo Pastor Perafán sirve como un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos y privados, y de la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.
