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La Fiscalía y la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional ejecutaron allanamientos en 12 inmuebles pertenecientes a Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, otros exfuncionarios de la entidad electoral y Juan Alvarado Pfuño, gerente general de la empresa Galaga SAC. La operación se realizó en el marco de una investigación por presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo, relacionados con la demora en el traslado de material electoral durante las elecciones generales del 12 de abril pasado.
El juez Manuel Chuyo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, autorizó los allanamientos y el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados, permitiendo la visualización de información de celulares, ordenadores, tarjetas SIM y otros soportes electrónicos incautados. Sin embargo, rechazó el pedido de detención preliminar por 7 días presentado por la Fiscalía contra Corvetto y los demás investigados.
La Fiscalía había solicitado la detención preliminar de Piero Corvetto alegando la posibilidad de fuga y obstaculización de la investigación. Argumentaron que su renuncia como jefe de la ONPE no eliminaba el riesgo de interferir en la actividad probatoria y que existía un alto grado de probabilidad de condena para Corvetto y otros tres investigados: Samamé Blas, Phang Sánchez y Alvarado Pfuño. Además, señalaron que Corvetto no había entregado voluntariamente su equipo celular, lo que reforzaba la necesidad de su presencia física durante la investigación.
El Ministerio Público resaltó que Corvetto carecía de vínculo laboral vigente con la ONPE, lo que evidenciaba una falta de arraigo laboral y aumentaba la posibilidad de que se sustraera a la acción de la justicia. La Fiscalía consideraba que la gravedad de los hechos investigados y la contundencia de los elementos de convicción justificaban la necesidad de asegurar a Corvetto en esta etapa procesal.
No obstante, el juez Chuyo concluyó que existían elementos de convicción objetivos que acreditaban la participación de los investigados en las irregularidades evidenciadas en el proceso de contratación del servicio de despliegue y repliegue de material electoral para las elecciones generales. Sin embargo, consideró que no se cumplían los requisitos para ordenar la detención preliminar.
En cuanto a los exfuncionarios de la ONPE (Corvetto Salinas, Samamé Blas y Phang Sánchez), el juez argumentó que la inexistencia de un vínculo funcional con la entidad les impedía concretamente obstaculizar la recolección de información por parte del Ministerio Público. Además, señaló que la posible obstaculización podía evitarse con la incautación de documentos, celulares y otros bienes, por lo que la detención preliminar no era razonable ni proporcional.
El juez también desestimó la justificación de la Fiscalía basada en la negativa de Corvetto a entregar su equipo celular, argumentando que la incautación del dispositivo y la realización de pericias permitirían acceder al contenido de los presuntos acuerdos ilícitos. Subrayó que la detención no aseguraba el acceso a los equipos celulares y que atentaba contra el derecho a la no autoincriminación.
Respecto al peligro de fuga, el juez Chuyo consideró que la falta de vínculo laboral, las discrepancias en los datos domiciliarios y la falta de ubicación en el domicilio no abordaban razonablemente la existencia de dicho riesgo. Señaló que para acreditar el peligro de fuga era necesario demostrar el arraigo en el país, la existencia de lazos familiares y laborales, y las facilidades para abandonar el territorio nacional, aspectos que no habían sido abordados por la Fiscalía.
En relación con la necesidad de la presencia física de los investigados en futuros actos de investigación, el juez criticó que la Fiscalía no hubiera individualizado los motivos que justificaban dicha necesidad para cada uno de los investigados, limitándose a señalar que la detención estaba relacionada con el allanamiento domiciliario y posibles investigaciones futuras. Consideró que no se podía privar de la libertad a una persona para asegurar actos de investigación futuros o desconocidos.
Finalmente, el juez Chuyo concluyó que no se cumplían los presupuestos para autorizar la detención preliminar por 7 días, reiterando que la investigación debía continuar sin la necesidad de restringir la libertad de los investigados en esta etapa procesal. La decisión judicial abre un nuevo capítulo en la investigación de las presuntas irregularidades en la ONPE, manteniendo a Piero Corvetto y a los demás investigados bajo la lupa de la justicia, pero sin medidas coercitivas que restrinjan su libertad.
