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Pasarela de Santander: Ingeniero del proyecto, ahora investigado

Pasarela de Santander: Ingeniero del proyecto, ahora investigado

Santander, Cantabria El ingeniero responsable de la firma del proyecto de la pasarela de El Bocal, en Santander, que se derrumbó el pasado 3 de marzo causando la muerte de seis jóvenes y heridas a otra, será investigado formalmente a partir del 15 de mayo, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Esta decisión responde a una solicitud previa del Ayuntamiento de la capital cántabra y marca un nuevo giro en la investigación del trágico suceso.

Inicialmente citado como testigo-perito, la instructora de la causa ha decidido modificar su estatus tras la sesión testifical celebrada este viernes. La declaración del ingeniero, que finalmente no tuvo lugar en esta ocasión, se ha pospuesto para el 15 de mayo, coincidiendo con la práctica de la prueba pericial y la declaración de otros técnicos involucrados. El Tribunal Superior de Justicia ha precisado que aún está pendiente de resolución el recurso presentado por el Consistorio contra la decisión inicial de la jueza de no considerar al ingeniero como investigado, por lo que su situación actual sigue siendo la de testigo-perito.

Con esta nueva incorporación, el ingeniero se convierte en el sexto investigado en la causa. Anteriormente, la gestora del 112 que recibió la llamada de alerta sobre el estado de la pasarela, la policía local que atendió el aviso, y tres funcionarios de la Demarcación de Costas incluyendo a su responsable, José Antonio Osorio ya habían sido imputados.

La jueza ha programado para el mismo 15 de mayo la toma de declaración como investigados al actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas, así como a su predecesor, quien ya se encuentra jubilado. Se les imputan seis posibles delitos de homicidio y uno de lesiones por imprudencia grave. La investigación busca determinar si hubo negligencias o fallos en la supervisión y mantenimiento de la estructura que pudieran haber contribuido al colapso.

Las primeras sesiones testificales, celebradas el 27 de marzo, contaron con la declaración de la agente de la policía local y la gestora del 112 que recibieron el aviso de emergencia. La jornada de este viernes se centró en la declaración de doce testigos, a puerta cerrada en la sala de vistas número 2 del complejo judicial de Las Salesas.

Entre los testigos comparecieron dos ciudadanos que se encontraban en la zona el día del accidente, la jefa de obra responsable del mantenimiento de la pasarela realizado en 2024, y tres operarios que llevaron a cabo dichas labores. Sus testimonios, en su mayoría, fueron breves y se centraron en la descripción de los hechos y las tareas realizadas.

La declaración más extensa fue la del superior jerárquico de la policía local que atendió el aviso del 112, quien estuvo declarando durante una hora. Dos compañeros de la agente también prestaron declaración, dedicando cada uno media hora a su testimonio. Asimismo, comparecieron el superior de la gestora del 112 que recibió el aviso y dos de sus compañeras, cuyas declaraciones oscilaron entre los 15 y los 30 minutos.

Fuentes presentes en las sesiones han señalado que el eje central de la jornada fue el análisis de los protocolos de actuación tanto de la policía local como del servicio de emergencias del 112. Se buscó determinar si se siguieron correctamente los procedimientos establecidos y si hubo alguna demora o fallo en la respuesta a la alerta.

El colapso de la pasarela, ocurrido el 3 de abril, se saldó con la trágica muerte de tres jóvenes procedentes de Euskadi, una joven de Guadalajara, una cántabra y una almeriense. La única superviviente del grupo, una joven alavesa, resultó herida y se encuentra en proceso de recuperación. La investigación continúa abierta para esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes. La comunidad de Santander y las familias de las víctimas esperan respuestas y justicia ante esta irreparable pérdida. El caso ha generado una gran conmoción social y ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar los protocolos de seguridad y mantenimiento de las infraestructuras públicas.

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