La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza ha convocado de manera obligatoria a todos los padres, madres, tutores y adultos responsables de los alumnos a una reunión presencial en los colegios de toda la provincia. La medida responde a las recientes amenazas de tiroteos que han afectado a las instituciones educativas en los últimos días, generando un clima de tensión y obligando a la activación de protocolos de seguridad que incluyeron la presencia policial en las escuelas.
El objetivo principal de esta citación es que los padres asuman la responsabilidad que les corresponde por las acciones de sus hijos, con el fin de garantizar un entorno de aprendizaje seguro, previsible y libre de violencia . Las escuelas deberán citar a las familias, según un cronograma propio, hasta el 6 de mayo, para que firmen un documento denominado Responsabilidad parental, acuerdos de convivencia y seguridad integral .
La circular emitida por la DGE enfatiza que la convocatoria se realiza en el marco de la autoridad pedagógica de la Dirección y en cumplimiento del deber de garantizar el derecho a la educación en entornos protegidos. El documento establece el marco normativo y operativo ante situaciones de transgresión, delitos de intimidación pública y cualquier evento disruptivo o de emergencia que altere el orden institucional, tanto en el presente como en el futuro.
La DGE destaca la necesidad de esta acción frente a los recientes escenarios emergentes , donde el Estado ha intervenido activando protocolos y movilizando diferentes recursos del sistema provincial. Si bien se asegura que se seguirá velando por el cuidado y la seguridad de la comunidad educativa, se subraya que el compromiso de resguardo y protección es recíproco entre la escuela y las familias, basándose en la observancia estricta de las funciones de guarda.
La circular, que se está enviando a los padres a través de correo electrónico o el cuaderno del alumno, es una citación oficial. La asistencia de los adultos responsables al establecimiento escolar es obligatoria . En caso de no cumplir con el plazo establecido, la escuela deberá notificar la circular por todos los medios disponibles y dará por notificado al adulto responsable. Si se detecta una omisión de cuidado o actitud negligente por parte de los padres, la DGE procederá según lo establecido por la ley, pudiendo tipificar la situación como Negligencia (según el Artículo 30 de la Ley 26.061), con la intervención de los organismos de protección y las autoridades judiciales.
Con la firma del documento, los adultos responsables declaran conocer las normativas de convivencia escolar y su responsabilidad legal y patrimonial ante situaciones disruptivas como las que se han registrado en las últimas semanas en Mendoza. Esto incluye la posibilidad de enfrentar acciones legales civiles, patrimoniales, penales y contravencionales en casos de intimidación pública, falsa alarma social o cualquier maniobra que perturbe el orden institucional y afecte el normal desarrollo de la jornada educativa.
La DGE, bajo la dirección de Tadeo García Zalazar, advierte que cada despliegue institucional originado por conductas transgresoras o maniobras de perturbación del orden implica un costo extraordinario para el Estado, el cual será reclamado patrimonialmente a los adultos a cargo. Este punto ha generado particular atención, especialmente a raíz del caso de la madre que fue detenida porque su hijo llevó un arma a la escuela.
En respuesta a las amenazas, algunos alumnos de Secundaria han tenido que concurrir a la escuela sin mochilas, siguiendo el protocolo establecido por la DGE. La medida busca minimizar riesgos y facilitar los controles de seguridad en los establecimientos educativos.
La convocatoria a los padres representa un esfuerzo por involucrar a las familias en la seguridad escolar y establecer un marco de responsabilidad compartido. La DGE busca que los padres sean conscientes de su rol en la prevención de situaciones de riesgo y en la promoción de un clima de convivencia pacífica y respetuosa en las escuelas de Mendoza. La obligatoriedad de la citación y las posibles consecuencias legales para los adultos responsables reflejan la seriedad con la que las autoridades están abordando esta problemática.
