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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el jueves el fin de la Ley de Amnistía, a pesar de que la normativa no establece una fecha de caducidad. La ley, aprobada el 19 de febrero, se cierra con 473 presos políticos aún detenidos, según cifras de organizaciones no gubernamentales.
Rodríguez no especificó qué implica este fin , pero aseguró que los casos excluidos originalmente por la ley podrán ser revisados a través de otros mecanismos gubernamentales, como el Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la recién instalada Comisión para la Reforma de la Justicia Penal. La mandataria defendió la amnistía, afirmando que ha salido muy bien en cuanto a la cobertura y a los beneficiados , a pesar de las críticas y voces que buscan perturbar los procesos .
La Ley de Amnistía, según Rodríguez, surgió como respuesta al aumento de la tensión política en Venezuela y a la agresión externa de Estados Unidos, en referencia a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.
La ley abarca un período de 27 años, desde 1999 inicio del chavismo en el poder , pero se limita a 13 hechos específicos ocurridos en 13 años distintos. Esto excluye gran parte del período establecido y también deja fuera delitos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Hasta el miércoles, un total de 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 se encontraban privadas de libertad y el resto tenía medidas cautelares, según el diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria encargada de supervisar la aplicación de la ley. Arreaza también informó que las autoridades recibieron 12.187 solicitudes de amnistía válidas, es decir, que cumplían con los requisitos de delitos y períodos establecidos en la legislación.
Arreaza añadió que las autoridades continuaban recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país . Sin embargo, las autoridades no han publicado un listado oficial con los nombres de los beneficiarios, a pesar de las solicitudes del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker T rk, y de diversas ONG venezolanas.
La ONG Foro Penal, que se dedica a la defensa de los presos políticos en Venezuela, ha señalado que, según sus registros, menos del 25% de las excarcelaciones que se han producido en el país este año son resultado de la Ley de Amnistía.
La normativa establece en su último artículo que las personas amnistiadas que cometan delitos con posterioridad a la entrada en vigor de la ley serán procesadas.
En paralelo al anuncio del fin de la amnistía, Rodríguez instaló una comisión para llevar a cabo una gran consulta con el objetivo de reformar el sistema de justicia penal. Según la mandataria, esta reforma busca superar los males que persisten en el sistema, como el retardo procesal y la corrupción.
La decisión de poner fin a la amnistía, a pesar de la persistencia de presos políticos y las limitaciones de la ley, plantea interrogantes sobre el futuro de los procesos de diálogo y reconciliación en Venezuela. La falta de transparencia en la aplicación de la ley y la ausencia de un listado oficial de beneficiarios también generan desconfianza entre la sociedad civil y la comunidad internacional. La reforma del sistema de justicia penal, anunciada por Rodríguez, podría ser una oportunidad para abordar las deficiencias estructurales que han afectado al país durante años, pero su éxito dependerá de la voluntad política del gobierno y de la participación de todos los actores relevantes.
