La prohibición de las corridas de toros en el cantón Quito, contrastada con su permisividad en otras localidades de la provincia de Pichincha y ciudades cercanas, es un ejemplo de las restricciones a la libertad de los ciudadanos impuestas por gobiernos que buscan limitar la expresión y el pensamiento, según análisis publicados este jueves. Desde 2008, cuando el gobierno de Rafael Correa eliminó la tradicional feria Jesús del Gran Poder, Quito vive esta paradoja: las corridas están vetadas en la capital, pero se permiten en Machachi, Cayambe, Latacunga, Ambato, Riobamba y otras ciudades del país.
La feria taurina quiteña, que atraía a visitantes de España, Portugal, Francia, Colombia, Perú y México, representaba un importante impulso económico para la ciudad, beneficiando a hoteles, restaurantes, taxistas y comerciantes locales. Su cancelación ha sido calificada como un absurdo por aficionados y analistas, quienes señalan la inconsistencia de la normativa.
En contraste, la reciente actuación del torero José Antonio Morante de la Puebla en la Maestranza de Caballería de Sevilla, descrita por el crítico Antonio Lorca como una “obra desigual, virtuosa, estremecedora”, ha quedado como un referente para los amantes de la tauromaquia, quienes ahora recurren a plataformas como One Toro para seguir las corridas. La actuación de Morante, aclamada por la plaza sevillana, evidencia el alto nivel artístico de la fiesta taurina.
Sin embargo, la tragedia también acecha este espectáculo. El propio Morante sufrió una grave cogida el pasado 20 de abril, lo que lo mantendrá alejado de los ruedos por un tiempo. Este incidente subraya los riesgos inherentes a la profesión taurina. La situación en Quito, con su prohibición selectiva, se presenta como un reflejo de políticas restrictivas que limitan las libertades individuales.
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