La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el fin de la ley de amnistía, argumentando que ha beneficiado a 8.616 personas con libertad plena. La decisión ha generado una fuerte reacción de organizaciones de derechos humanos, que la califican de “grave atropello al Estado de Derecho”.
Rodríguez defendió la norma, destacando su éxito en la cobertura y los beneficiados, y la vinculó a un contexto de confrontación política y “agresión externa”. Asimismo, realizó comparaciones con leyes de amnistía en Sudáfrica y España, buscando legitimar su finalización. Sin embargo, las cifras oficiales difieren significativamente de las proporcionadas por el Foro Penal, que registra solo 186 excarcelaciones de presos políticos gracias a la amnistía desde enero de 2026, de un total de 768 liberaciones.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) criticó duramente el anuncio, señalando que una ley de amnistía no tiene límites temporales y su vigencia está ligada a la existencia de persecución y detención arbitraria. JEP advierte que la decisión crea inseguridad jurídica, vulnera a las víctimas y anula el principio de progresividad de los Derechos Humanos, profundizando la impunidad.
La organización lamenta que la ley haya terminado siendo un “ejercicio de retórica política” en lugar de un instrumento genuino para la liberación de presos políticos. JEP insiste en que una verdadera reforma judicial y reconciliación nacional requieren el cumplimiento estricto de la ley y canales transparentes para garantizar la justicia. La ONG enfatizó que “la libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad”.
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