La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional que suspende la nómina de aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030, integrada por la comisión de postulación el pasado lunes. La decisión obliga al presidente Bernardo Arévalo a devolver el listado a la postuladora y abstenerse de elegir al nuevo funcionario.
La resolución judicial se produce en un momento crucial, ya que el mandatario ya había recibido la nómina y debía analizar los expedientes de los seis candidatos: Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, César Augusto Ávila Aparicio, Julio César Rivera Clavería, Gabriel Estuardo García Luna, Zoila Tatiana Morales Valdizón y Néctor Guilebaldo de León Ramírez. El objetivo era definir quién sustituirá a la actual Fiscal General, Consuelo Porras, cuyo mandato concluye el 17 de mayo.
Aunque la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia confirmó la recepción de la nómina, el Ejecutivo aún no ha sido notificado formalmente de la resolución de la CC y se espera un pronunciamiento oficial una vez que se tengan mayores detalles.
La publicación oficial de la lista en el Diario de Centro América activó un plazo de 72 horas para presentar objeciones documentadas, período que se encuentra en curso. La elección del nuevo Fiscal General es considerada estratégica, ya que definirá el rumbo de la justicia en un sistema polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.
Especialistas consultados por la agencia EFE señalan que no existe consenso sobre ninguno de los perfiles, destacando que al menos tres de los seis candidatos enfrentan señalamientos por diversas causas, incluyendo acusaciones de corrupción. La decisión final del presidente Arévalo se anticipa compleja, dada la delicada situación y las implicaciones para el sistema judicial guatemalteco.
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