A diez años del devastador terremoto de 7.8 que afectó a Manabí y Esmeraldas, Ecuador recuerda a sus más de 600 víctimas fatales –cifra que, según residentes, pudo ser mayor– y la demostración de solidaridad nacional e internacional que surgió tras la tragedia. La respuesta incluyó un aumento del 2% en el IVA, impuestos a rentas y patrimonio, y donaciones de individuos e instituciones, tanto nacionales como extranjeras.
Sin embargo, este espíritu de ayuda se vio empañado por actos de corrupción que desviaron fondos destinados a la reconstrucción. El juicio penal liderado por la fiscal Diana Salazar encontró culpables de peculado a Jorge Glas, presidente del Comité de Reconstrucción, y a Carlos Bernal, su secretario ejecutivo. La investigación también reveló la complicidad de otros miembros del Comité, quienes aprobaron millonarias contrataciones de obras no relacionadas con la reconstrucción.
Además, se denunció la demolición innecesaria de edificios, lo que facilitó el transporte de escombros sin verificar y el cobro por estos servicios, prácticas de las que no existen pruebas documentales, pero que permanecen en la memoria colectiva. Mientras tanto, proyectos prioritarios como la reconstrucción de viviendas y sistemas de riego quedaron relegados.
La solidaridad demostrada por el pueblo ecuatoriano y la comunidad internacional contrastan fuertemente con la ‘viveza’ y miseria humana de quienes se aprovecharon de la desgracia ajena para enriquecerse. Este oscuro capítulo en la historia reciente del país plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de fondos públicos durante situaciones de emergencia.
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