Naasón Joaquín, líder de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, condenado en Estados Unidos por abuso sexual de menores y ahora acusado de crimen organizado, tráfico sexual y pornografía infantil, goza de impunidad en México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) archivó una investigación de siete años sin encontrar elementos para perseguir delitos. La decisión ha generado indignación entre las víctimas, quienes denuncian un pacto entre el gobierno y la congregación.
Sochil Martin, una de las primeras en denunciar los crímenes de la iglesia, expresó su frustración: “Me siento engañada. Me robaron la esperanza”. Martin y su esposo, Sharim Guzmán, han dedicado años a exponer los vínculos de la iglesia con el poder político y judicial en México, así como a apoyar a otras víctimas. Consideran el archivo del caso como una traición, especialmente tras el nombramiento de Ernestina Godoy, cercana a la presidenta Sheinbaum, como titular de la FGR.
La FGR notificó a Martin en enero su resolución de no ejercer acción penal, confirmando la impunidad de la que ha gozado la iglesia durante décadas. Las acusaciones en EE.UU. revelan una operación basada en la explotación financiera y sexual de los creyentes, quienes eran sometidos a una obediencia inquebrantable a sus líderes. Tras la detención de Naasón en 2019, la iglesia utilizó su influencia para intimidar a las víctimas y destruir pruebas.
La conexión entre los jerarcas de la iglesia y la élite política, especialmente dentro de Morena, es evidente. Exdiputados y senadores, como Hamlet García Almaguer y Emmanuel Reyes Carmona, han defendido la inocencia de Naasón Joaquín. Incluso, algunos miembros de la iglesia se postularon a jueces y ganaron las elecciones. Guzmán denuncia que estos personajes representan la cuota de La Luz del Mundo en Morena, recibiendo a cambio dinero y votos.
La pareja intentó alertar a la presidenta Sheinbaum durante su visita a Mexicali, entregándole una carta en la que solicitaban agilizar la investigación. Sin embargo, denuncian trabas por parte de la FGR, como la negativa a recibirles o citaciones con poco tiempo de anticipación. Martin lamenta la falta de voluntad de las autoridades para hacer justicia y cuestiona la integridad de la presidenta.
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