La Corte Suprema de Justicia, liderada por la magistrada Cristina Lombana, realizó una inspección en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en el marco de la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. La diligencia busca determinar si hubo obstrucción o dilación en la indagación por parte de los representantes Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, quienes mantienen cercanía con el Gobierno Nacional.
La inspección generó controversia debido a que se llevó a cabo sin que se hubiera resuelto una recusación presentada contra la magistrada Lombana. El representante Alirio Uribe solicitó su apartamiento de cualquier indagación relacionada con los legisladores que investigan al presidente Petro, argumentando que se han solicitado pruebas detalladas sobre los representantes investigadores, sus equipos y su entorno.
Uribe pidió explícitamente la separación del conocimiento de la actuación , buscando evitar que Lombana participe en un eventual proceso en la Corte Suprema contra los congresistas involucrados en el caso Petro. La recusación aún no ha sido resuelta por la sala.
Fuentes extraoficiales dentro de la Comisión de Acusación sugieren que la inspección podría ser considerada ilegal, ya que la recusación debió resolverse previamente. A pesar de esto, la inspección continúa, extendiéndose por varias horas debido al volumen de información recopilada en el proceso contra el presidente Petro, que consta de más de 40 cuadernos. La Corte busca esclarecer si hubo irregularidades en el manejo de la investigación parlamentaria.
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