El gobierno de Ecuador implementará un toque de queda nocturno en Quito y Guayaquil, las dos ciudades más importantes del país, a partir de mayo, como parte de una estrategia intensificada para combatir el narcotráfico. La medida, anunciada el lunes por las autoridades, se extiende a nueve de las 24 provincias ecuatorianas, incluyendo Pichincha (Quito) y Guayas (Guayaquil), así como a localidades específicas de otras tres provincias.
El toque de queda, que estará vigente del 3 al 18 de mayo, restringirá la libre circulación entre las 23H00 y las 04H00 GMT (hora local). Según un comunicado oficial, el objetivo es "proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados". Esta decisión se enmarca dentro de una serie de medidas adoptadas por el presidente Daniel Noboa desde que asumió el cargo en 2023 para enfrentar la creciente violencia relacionada con el crimen organizado.
Noboa ha recurrido en repetidas ocasiones a estados de excepción y toques de queda como herramientas para combatir el narcotráfico, una lucha que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. El 2 de abril, el gobierno renovó por 60 días el estado de excepción previamente decretado en enero para las mismas provincias, justificándolo por un estado de "grave conmoción interna" provocado por la violencia del narcotráfico.
El decreto que acompaña al estado de excepción incluye la suspensión de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, otorgando a las fuerzas de seguridad mayores facultades para realizar operativos y allanamientos.
Ecuador se ha convertido en una ruta clave para el tráfico de cocaína procedente de Colombia y Perú, los dos principales productores mundiales de la droga. Se estima que aproximadamente el 70% de la cocaína que transita hacia otros países pasa por territorio ecuatoriano. Esta situación ha convertido al país en uno de los más violentos de Latinoamérica, con una tasa de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según datos de Insight Crime.
La política de mano dura implementada por el presidente Noboa contra el narcotráfico ha recibido el apoyo del gobierno de Donald Trump. En este contexto, Noboa se reunió el sábado con Terry Cole, administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en Guayaquil. La embajada estadounidense en Quito informó que durante la reunión se discutieron "estrategias para profundizar la cooperación antidrogas".
La estrategia de Noboa ha incluido la declaración de Ecuador en un estado de conflicto armado interno en 2024, lo que ha permitido el despliegue de militares en las calles para reforzar la seguridad. Sin embargo, esta medida ha generado preocupación y denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos, que han documentado casos de excesos por parte de las fuerzas de seguridad.
La implementación del toque de queda y el estado de excepción reflejan la gravedad de la situación de seguridad en Ecuador y la determinación del gobierno de Noboa de enfrentar el desafío del narcotráfico. La medida busca recuperar el control de las calles y desarticular las organizaciones criminales que operan en el país, aunque también plantea interrogantes sobre el impacto en los derechos y libertades de los ciudadanos.
La cooperación con Estados Unidos, a través de la DEA y otros mecanismos, se considera fundamental para el éxito de la estrategia antidrogas. La reunión entre Noboa y Cole subraya la importancia de esta colaboración en la lucha contra el narcotráfico a nivel regional.
El gobierno ecuatoriano ha enfatizado que las medidas adoptadas son necesarias para proteger a la población y garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la importancia de respetar los derechos fundamentales y evitar abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
La situación en Ecuador es compleja y requiere un enfoque integral que combine la represión del narcotráfico con políticas sociales y económicas que aborden las causas subyacentes de la violencia. El éxito de la estrategia de Noboa dependerá de su capacidad para equilibrar la necesidad de garantizar la seguridad con el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho.
