La muerte en el exilio de dos nicarag enses, Bryan Cruz y Francisco Lumbi, expone la dolorosa realidad de miles de compatriotas obligados a abandonar su país y la compleja, a menudo imposible, tarea de repatriar sus restos. Sus historias, marcadas por la represión política, la búsqueda de oportunidades y la soledad, revelan las dificultades burocráticas, económicas y emocionales que enfrentan las familias para darles un entierro digno a sus seres queridos.
Bryan Cruz, campesino torturado y desterrado por oponerse a la dictadura de Daniel Ortega, falleció en San Francisco, California, en abril de 2025. Su cuerpo permaneció once meses en la morgue debido a su condición de apátrida y la falta de familiares directos en Estados Unidos. Francisco Lumbi, en busca del sueño americano , murió en Jacksonville, Florida, en septiembre de 2024, mientras sus parientes luchaban por reunir los fondos necesarios para cubrir los costos de repatriación. Ambos casos ilustran la vulnerabilidad de los migrantes y exiliados nicarag enses, y la angustia de sus familias al intentar cumplir su último deseo: regresar a casa.
El proceso de repatriación varía significativamente según el país de fallecimiento. Desde Costa Rica, el costo ronda los 2000 dólares, mientras que desde Estados Unidos puede alcanzar los 10 000 dólares y desde España, entre 6000 y 6500 dólares. La cremación y repatriación de las cenizas reduce estos costos a la mitad, pero incluso esta opción resulta inalcanzable para muchas familias.
Bryan Cruz, originario de Estelí, participó en las protestas contra la Ley del Canal Interoceánico en 2013-2017 y en las manifestaciones masivas de abril de 2018, brutalmente reprimidas por el régimen orteguista. Tras ser capturado y torturado en Pueblo Nuevo, Jinotega, denunció públicamente las violaciones sufridas en prisión, incluyendo una agresión sexual con una bayoneta. Excarcelado y desterrado en febrero de 2023, llegó a Washington con graves secuelas físicas y emocionales. A pesar de comenzar una nueva vida en Estados Unidos, lavando platos y enviando dinero a su familia, nunca superó el trauma. Murió a los 37 años, en circunstancias aún no esclarecidas, dejando atrás un legado de valentía y resistencia.
La intervención de Juana María Porta, una nicarag ense residente en California, fue crucial para evitar que el cuerpo de Bryan fuera cremado y enterrado en una fosa común. Tras ser designada representante legal de la familia, logró que la Oficina del Médico Forense condonara la deuda acumulada y autorizara la cremación gratuita. Sin embargo, la repatriación de sus cenizas a Nicaragua se vio obstaculizada por su condición de apátrida, ya que el régimen orteguista lo había desnaturalizado en 2023.
Francisco Lumbi, guardia de seguridad originario de Juigalpa, Chontales, emigró a Estados Unidos en diciembre de 2022 en busca de una vida mejor. Trabajó arduamente en la construcción, pero enfrentó dificultades económicas y discriminación debido a su estatus migratorio. A pesar de sus planes de instalar una crianza de cerdos en Nicaragua, decidió permanecer en Estados Unidos, donde se sentía adaptado y esperanzado. Murió a los 34 años, solo y sin auxilio, mientras atravesaba una crisis económica.
La repatriación del cuerpo de Francisco Lumbi se retrasó durante meses debido a la falta de recursos económicos y a la desinformación proporcionada por una ciudadana mexicana que se había ofrecido a ayudar. Finalmente, gracias a una campaña de crowdfunding y a la venta de un terreno, la familia logró reunir los fondos necesarios para cubrir los gastos funerarios. Sus cenizas fueron veladas y enterradas en Juigalpa en junio de 2025, tras una larga y dolorosa espera.
La historia de Bryan Cruz y Francisco Lumbi se suma a la de los casi 900 000 nicarag enses que han salido del país desde 2018, huyendo de la represión política, la violencia y la pobreza. No existe una estadística oficial sobre el número de nicarag enses fallecidos en el extranjero o repatriados, lo que dificulta la comprensión de la magnitud del problema. Organizaciones como Texas Nicaraguan Community (TNC) estiman que más de 1000 nicarag enses han muerto en Estados Unidos entre 2019 e inicios de 2026.
La repatriación de un cuerpo implica una serie de trámites y gastos que incluyen la obtención del certificado de defunción, la preservación del cuerpo, la autenticación de documentos, el transporte aéreo y la coordinación con funerarias locales. La tardanza en la repatriación genera costos adicionales por el almacenamiento del cuerpo en las morgues, que varían entre 50 y 150 dólares diarios.
Ante la falta de recursos económicos, las familias recurren cada vez más a campañas de crowdfunding en redes sociales y plataformas digitales. Organizaciones como TNC brindan apoyo a las familias, facilitando el contacto con funerarias y difundiendo las campañas de recaudación.
La espera prolongada para repatriar los restos de un ser querido puede tener un impacto psicológico devastador en las familias, dificultando el proceso de duelo y generando sentimientos de culpa, impotencia y desesperación. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más destaca la importancia de cerrar el ciclo de duelo y de realizar los rituales funerarios para facilitar la aceptación de la pérdida.
Para el sacerdote exiliado Edwin Román, las tradiciones religiosas y la solidaridad comunitaria son fundamentales para confortar a las familias dolientes. La repatriación, aunque difícil, representa un acto de amor y respeto hacia el fallecido, permitiendo a sus seres queridos despedirse y honrar su memoria.
Las historias de Bryan Cruz y Francisco Lumbi son un testimonio de la tragedia que enfrentan los nicarag enses en el exilio y de la lucha de sus familias por mantener viva su memoria y darles un descanso final digno. Su destino, marcado por la represión, la soledad y la burocracia, exige una respuesta humanitaria y una mayor atención a las necesidades de los migrantes y exiliados nicarag enses.
