Quito, 19 de abril de 2026 Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó a Jorge Glas, exvicepresidente de la República, y a Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, a trece años de prisión por el delito de peculado. La sentencia, dictada el 30 de junio de 2025, se relaciona con el caso Reconstrucción de Manabí , que investigó el presunto desvío de fondos recaudados a través de la Ley de Solidaridad tras el terremoto de magnitud 7,8 que afectó a Manabí y Esmeraldas en abril de 2016. Ambos exfuncionarios esperan ahora una audiencia para apelar la condena de primera instancia.
El terremoto del 16 de abril de 2016, con una duración de entre 48 y 75 segundos, dejó una devastación sin precedentes en Pedernales y sus alrededores, extendiéndose a toda la provincia de Manabí y la vecina Esmeraldas. El desastre natural causó la muerte de 663 personas, más de 6.200 heridos, 28.775 personas albergadas y el desplazamiento de cerca de 80.000 ciudadanos debido a la pérdida de viviendas y empleos. Se contabilizaron daños en casi 30.000 viviendas y edificaciones, tanto en zonas urbanas como rurales, además de graves afectaciones a la infraestructura vial, los servicios básicos, la salud y la educación. Los daños totales se estimaron en $3.300 millones.
Ante la magnitud de la tragedia, el gobierno de Rafael Correa aprobó la Ley de Solidaridad en 2016, con el objetivo de recaudar fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas. La ley incrementó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 14% por un año y estableció contribuciones temporales sobre utilidades y patrimonio. Se estima que se recaudaron alrededor de $3.500 millones a través de estos nuevos impuestos y donaciones, fondos que, según la ley, debían ser destinados exclusivamente a la reconstrucción y reactivación económica de Manabí y Esmeraldas.
Sin embargo, la investigación reveló que una parte significativa de estos fondos fue desviada a proyectos no prioritarios y benefició a intereses particulares. Julio Villacreses Guillén, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) capítulo Manabí, señaló que, si bien se realizó cierta reconstrucción, esta se caracterizó por grandes sobreprecios y corrupción terribles , violando la Ley de Solidaridad y destinando recursos a obras ajenas a la reconstrucción.
La Fiscalía acusó a Jorge Glas y Carlos Bernal de peculado en calidad de autores, pero el tribunal determinó que ambos fueron coautores del delito. La sentencia se basó en la evidencia de que Glas y Bernal, aprovechando sus cargos y la situación de emergencia, priorizaron proyectos que no estaban destinados a atender las necesidades de las víctimas del terremoto, beneficiando a terceros, incluyendo familiares de Bernal.
La jueza Mercedes Caicedo, al leer la sentencia, enfatizó que el caso no se limitaba a un abuso de recursos públicos, sino a la administración adecuada de los fondos depositados por la confianza del pueblo ecuatoriano para garantizar los derechos humanos de las víctimas del terremoto, quienes lo habían perdido todo. La jueza citó a Nelson Mandela, afirmando que privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad .
El exfiscal general encargado, Wilson Toainga, solicitó la pena máxima para Glas y Bernal, argumentando que la evidencia presentada durante el juicio demostraba el abuso ejercido por los dos exfuncionarios sobre los fondos destinados a la reconstrucción. Toainga explicó que el delito de peculado no se limita a la apropiación o distracción de fondos, sino que también incluye el uso indebido e inadecuado de los recursos públicos por parte de funcionarios.
La investigación reveló que se priorizaron once proyectos no prioritarios, que beneficiaron a intereses particulares en la asignación y firma de contratos. Además de la pena de prisión, Glas y Bernal fueron condenados a pagar una multa de $28.200 (60 salarios básicos unificados) y una indemnización conjunta de $250 millones por los daños materiales e inmateriales causados.
Durante el juicio, Jorge Glas se defendió alegando que se lo estaba juzgando por diferencias de opinión sobre las prioridades de reconstrucción y que era inocente del peculado, ya que nunca manejó dinero, dispuso partidas o definió contratos. Glas se declaró un perseguido político al que se le quería arruinar la vida con una condena de trece años de cárcel.
El tribunal ordenó a la Fiscalía iniciar investigaciones a personas naturales y jurídicas que se beneficiaron de los contratos de los proyectos priorizados por el Comité de Reconstrucción, especialmente a familiares de Carlos Bernal.
Además de Glas y Bernal, Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas, Franklin Bernal (padre de Carlos Bernal) y otras tres personas esperan audiencia de juzgamiento por su presunta participación en el caso. El 11 de julio de 2025, la CNJ revocó el sobreseimiento de estos cinco procesados y los llamó a juicio, considerando que existen elementos suficientes para presumir su participación en el delito de peculado.
La decisión de la CNJ se basó en la evidencia de una serie de conductas que podrían ajustarse al tipo penal de peculado, incluyendo la priorización de proyectos no esenciales, la planificación, coordinación y ejecución de contratos que beneficiaron a terceros, y el uso inadecuado de los recursos públicos recaudados a través de la Ley de Solidaridad. Los jueces de apelación señalaron que el verbo rector del delito de peculado, abusar , es amplio y no se limita a la apropiación de recursos, sino que también incluye la administración desleal o el uso inadecuado de los bienes del Estado.
La sentencia del tribunal enfatizó que las acciones de Glas y Bernal, en calidad de presidente y secretario del Comité de Reconstrucción, traicionaron la confianza de los ciudadanos que, por solidaridad y amor a la patria, aportaron con sus recursos a la recaudación de fondos para las víctimas del terremoto, sin que se cumplieran las finalidades de la Ley de Solidaridad. La jueza Caicedo concluyó que Glas hizo un uso injusto, indebido y excesivo de los fondos públicos, mientras que Bernal, aprovechando sus atribuciones, abusó y hizo uso injusto, indebido y excesivo de los recursos destinados a la reconstrucción, beneficiando a su familia y allegados.
