El Ministerio Público ha recibido una denuncia formal solicitando el inicio de diligencias preliminares contra un streamer por presuntos actos de discriminación tras la difusión de los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026. La denuncia, respaldada por la Asociación de mártires y víctimas del 09 de enero, detalla que el investigado emitió mensajes ofensivos dirigidos a la población puneña y otras regiones del sur a través de sus redes sociales, generando una ola de indignación y preocupación.
El documento legal exige la recolección y preservación del material audiovisual difundido en redes sociales como evidencia crucial. Se solicita específicamente la toma de declaración del denunciante, la citación del streamer para que pueda ejercer su derecho a la defensa, y la realización de peritajes antropológicos, socioculturales e informáticos. Estos últimos tienen como objetivo determinar el contenido discriminatorio de las expresiones y verificar la autenticidad del video en cuestión.
La denuncia enfatiza la necesidad de identificar plenamente al acusado a través de las plataformas digitales, conservando registros como direcciones IP y publicaciones relevantes. De encontrar elementos suficientes que respalden las acusaciones, se pide formalizar la investigación preparatoria y formular una acusación conforme a la ley.
Según la denuncia, los comentarios del streamer se produjeron inmediatamente después de la publicación de los resultados electorales por la ONPE. Los denunciantes argumentan que no se trató de insultos aislados, sino de una conducta sistemática que generaliza y estigmatiza a un grupo humano por su origen étnico-cultural, asociándolo de manera peyorativa con los resultados de la elección. Esta asociación, según sostienen, evidencia un móvil discriminatorio agravado por el contexto político y la alta sensibilidad pública que rodea los procesos electorales.
El material denunciado incluye un video en el que el streamer profirió frases consideradas vejatorias y deshumanizantes. Para los denunciantes, estas expresiones constituyen actos de menosprecio y humillación contra la población andina, lo que podría encajar en el delito de discriminación previsto en el artículo 323 del Código Penal.
La Asociación de mártires y víctimas del 09 de enero expresó su profunda preocupación por el impacto de estas declaraciones, afirmando que cuando se agrede a los pueblos quechuas, aymaras y amazónicos, no se ataca solo a una población: se hiere al Perú profundo, al Perú verdadero, al Perú de todas las sangres . Esta declaración subraya la importancia de proteger los derechos y la dignidad de las comunidades indígenas y andinas en el país.
Esta no es la primera acción legal emprendida contra el streamer por estos hechos. El abogado cusqueño Dennis Llamoca ya había presentado una denuncia anterior por las mismas razones. Llamoca advirtió que las disculpas públicas ofrecidas por el streamer no lo eximen de responsabilidad penal, ya que se trata de un presunto delito común y no de carácter privado.
Llamoca explicó que, en este tipo de casos, la acción penal es perseguida por el Ministerio Público, lo que significa que la retractación o disculpa no elimina la posible configuración del delito. No es un proceso privado de querella , enfatizó, al señalar que la investigación puede continuar independientemente de cualquier disculpa pública que el streamer haya podido ofrecer.
El abogado también indicó que, de acreditarse los hechos, el caso podría derivar no solo en una sanción penal para el streamer, sino también en el pago de una reparación civil a favor de la sociedad. Esta reparación civil se justificaría por el hecho de que los agraviados son colectivos, en particular las poblaciones andinas que se sintieron afectadas por las declaraciones discriminatorias.
Según información proporcionada por el abogado Llamoca, la Fiscalía ya ha iniciado las diligencias preliminares correspondientes. Estas diligencias incluyen la toma de declaración del investigado, la revisión exhaustiva del material audiovisual y la realización de otras pericias necesarias para esclarecer los hechos. El streamer deberá rendir su manifestación ante el Ministerio Público como parte del proceso en curso, brindando su versión de los hechos y respondiendo a las preguntas de los fiscales.
La investigación se centra en determinar si las expresiones del streamer constituyen un delito de discriminación según el Código Penal peruano. Si se comprueba la existencia de un delito, el streamer podría enfrentar penas de prisión y multas, además de la obligación de indemnizar a las víctimas por los daños y perjuicios causados. El caso ha generado un amplio debate en las redes sociales y en la opinión pública, destacando la importancia de combatir la discriminación y promover el respeto a la diversidad cultural en el país. La comunidad legal y los defensores de los derechos humanos están siguiendo de cerca el desarrollo de esta investigación, esperando que se haga justicia y se envíe un mensaje claro contra la intolerancia y el prejuicio.
