Una jueza de apellido Carballo fue agredida el viernes por la tarde en Heredia por un vecino, quien, según la denuncia, ya la había amenazado de muerte en abril de 2026 y en otras ocasiones previas, incluso desde septiembre del año anterior. El ataque, según la jueza, fue un intento de materializar esas amenazas, y estaría vinculado a su trabajo.
La información fue confirmada por Levinson Escalante, abogado de la denunciante, y a la que El Observador tuvo acceso a la denuncia presentada ante el Ministerio Público. La jueza detalló que, en diciembre, ya había experimentado incidentes con el vecino, quien la habría amenazado a través de sus mascotas.
Según la denuncia, el incidente del viernes se desencadenó cuando el vecino asuzó a su perro para que atacara a la jueza. “El perro se salió por la ventana del carro y se vino hacia mí y me mordió la rodilla derecha. Por lo que le metí la misma pierna para evitar que me hiciera un mal mayor”, narra la jueza en su denuncia.
Tras el ataque del perro, el vecino comenzó a reclamar una supuesta agresión al animal, lo que derivó en una violenta confrontación física. “Me comenzó a golpear con sus manos por mi pecho. Me empujó y lo golpee con la baranda del vecino. Luego me agarró del pelo y me hizo lanzada a la calle y me lanzó tres patadas en la cadera”, relató la jueza.
La agresión continuó con el vecino arrastrando a la jueza por el pavimento y restregando su rostro contra este. “Nuevamente me agarró del pelo y lo que hizo fue restregar mi cara contra el pavimento”, añadió en su denuncia. Durante la agresión, el hombre profirió improperios y se refirió a resoluciones dictadas por la jueza que han sido objeto de atención pública.
La jueza se encuentra estable, aunque con golpes de consideración. Ha solicitado una valoración forense para determinar la gravedad de las heridas en su rodilla, codo, cadera, frente y nariz.
El abogado Levinson Escalante detalló que las amenazas previas no se limitaron al incidente de abril, sino que se extendieron a lo largo de varios meses. “En general habían amenazas previas, algunas datando incluso de setiembre del año anterior”, explicó.
El hecho ha generado preocupación en el ámbito judicial, especialmente por la aparente conexión entre la agresión y el trabajo de la jueza. La denuncia presentada ante el Ministerio Público busca la investigación de los hechos y la identificación de los responsables.
La jueza, quien se desempeña como Jueza de Ejecución de la Pena, no ha revelado públicamente las resoluciones específicas a las que se refería el agresor durante la agresión. Sin embargo, la mención de estas resoluciones sugiere que el ataque podría estar relacionado con decisiones judiciales que han afectado los intereses del vecino.
Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales del agresor. Se espera que la valoración forense de las heridas de la jueza proporcione pruebas adicionales para la investigación.
El incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad de los funcionarios judiciales y la necesidad de protegerlos de posibles represalias por sus decisiones. Diversas organizaciones judiciales han expresado su solidaridad con la jueza agredida y han exigido que se tomen medidas para prevenir futuros incidentes similares.
La agresión a la jueza Carballo es un recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus funciones y la importancia de garantizar su seguridad e integridad. La investigación en curso busca determinar si el ataque fue un acto aislado o si forma parte de un patrón de amenazas y hostigamiento contra la jueza.
El Ministerio Público ha confirmado que se está dando prioridad a la investigación del caso y que se están recopilando pruebas para presentar cargos contra el agresor. Se espera que en los próximos días se presenten nuevos detalles sobre el avance de la investigación.
La jueza, a pesar de las graves heridas sufridas, ha manifestado su determinación de continuar desempeñando sus funciones con profesionalismo y dedicación. Su valentía y compromiso con la justicia han sido elogiados por sus colegas y por la comunidad jurídica en general.
Este incidente subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de protección para los funcionarios judiciales y de garantizar que puedan ejercer sus funciones sin temor a represalias. La sociedad en su conjunto debe condenar cualquier forma de violencia contra los funcionarios públicos y apoyar los esfuerzos para proteger su seguridad e integridad.
