El entramado de la corrupción, la evasión y el lavado de activos en Argentina se sostiene, en gran medida, gracias a una red de facilitadores profesionales que, a menudo, operan en la sombra y gozan de impunidad. Mientras aquellos que desconocen las maniobras ilícitas terminan tras las rejas, y los que saben que no saben recurren a estos expertos, los verdaderos arquitectos de la opacidad financiera suelen salir indemnes. Contadores, abogados, financistas, empresarios, escribanos y otros profesionales se convierten en los sherpas que guían a sus clientes a través de laberintos fiscales y financieros diseñados para ocultar el origen y el destino de fondos ilegales.
La impunidad de estos facilitadores radica en la dificultad de probar su conocimiento y participación directa en los delitos. La Justicia, a menudo, se enfrenta al desafío de demostrar que no solo estructuraron una operación ilícita, sino que también conocían el destino criminal de los fondos y actuaron con dolo directo. Este nudo gordiano, como lo describen fuentes judiciales, se convierte en el mayor escudo de los sherpas .
Casos emblemáticos ilustran esta realidad. Financistas como Ernesto Clarens, clave en el trasiego de fortunas durante el kirchnerismo, contadores como Víctor Manzanares, ex contador de los Kirchner, y empresarios como Carlos Enrique Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, han confesado sus crímenes, pero su participación a menudo se limita a la ejecución de maniobras ordenadas por otros.
Incluso aquellos que explícitamente admiten su rol en la facilitación de operaciones ilícitas, como el español Manuel Vázquez, quien en un correo electrónico a su socio describió la pueblerina ignorancia de sus clientes (funcionarios del gobierno argentino), a menudo escapan a las consecuencias legales más severas. Vázquez explicaba la necesidad de coordinar toda la operatoria paralela para beneficio del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y de ellos mismos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define a los facilitadores profesionales como aquellos que ayudan a diseñar el andamiaje de las estructuras fiscales y financieras utilizadas para evadir impuestos y cometer otros delitos financieros . Estas estructuras incluyen sociedades offshore, fideicomisos, testaferros y circuitos informales de transferencia de valor. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha identificado este fenómeno como professional money laundering y ha señalado la debilidad de Argentina en la persecución de estos actores, a pesar de que la normativa local, como la Resolución UIF 156/2018, obliga a contadores, escribanos y abogados a reportar operaciones sospechosas.
Investigaciones recientes ponen de manifiesto la persistencia de esta problemática. El caso de Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado de 75 años que recibió más de US$ 1 millón en activos digitales de Hayden Davis, asesor de blockchain del presidente Javier Milei, apenas 42 minutos después de que el mandatario lo mencionara en redes sociales, plantea interrogantes sobre su rol como sherpa o simple pasamanos . Mellino luego transfirió los fondos a cuentas aún no identificadas.
Otro ejemplo es Miguel Ángel Calvete, quien actuó como articulador de adjudicaciones y beneficiario directo de retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicando a los funcionarios cómo operar el circuito ilegal y entregándoles sumas de dinero, incluyendo al entonces titular de la agencia, Diego Spagnuolo, abogado particular de Milei.
Sin embargo, la mayoría de los sherpas niegan cualquier malhacer, argumentando que simplemente proveen servicios profesionales y que la responsabilidad de cualquier delito recae en sus clientes. Esta defensa ha sido utilizada por figuras como Adriana Nechevenko, la escribana del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien previamente trabajó con clientes condenados por narcotráfico, y Juan Bautista Derrasaga, cuya firma aparece en la creación de sociedades pantalla vinculadas a diversos casos de corrupción, incluyendo el Polo Obrero, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, IOMA y los Panamá Papers.
La complicidad se extiende también a instituciones financieras. El banco BNP Paribas, HSBC, Odebrecht y JP Morgan han sido señalados por su participación en la facilitación de operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal en Argentina y en otros países.
El juez federal Sebastián Casanello ha intentado avanzar en la persecución de estos sherpas , procesando a Gustavo Gentili, ex contralor del Estado, a su hijo y a presuntos testaferros por lavado de dinero a través de Uruguay, así como a operadores financieros uruguayos y argentinos. Sin embargo, la Cámara Federal revocó los procesamientos, argumentando que el trabajo realizado por los acusados no constituye por sí solo un involucramiento directo en los pormenores de las actividades cuestionadas .
Este estándar complejo, que exige probar el conocimiento y la intención delictiva de los facilitadores , dificulta enormemente su condena. Abogados como Adrián Rodríguez Díaz, defensor de Derrasaga, argumentan que sus clientes simplemente arman esqueletos societarios de acuerdo con el marco legal establecido, sin conocer el destino final de las empresas que crean.
La prestación de estos servicios, cabe destacar, trasciende los gobiernos y los signos políticos. Incluso el estudio contable uruguayo de la familia Macri, Lussich Torrendel y Asociados, participó en la creación y gestión de una sociedad offshore que derivó en un reporte de operación sospechosa.
A pesar de que algunos sherpas han sido condenados, como los ejecutivos del banco suizo Lombard Odier, Juan Alberto de Rasis y Martín Eraso, la mayoría continúa operando en la sombra, aprovechando las grietas del sistema legal y la dificultad de probar su participación directa en los delitos. En ese gris legal, entre la prestación de un servicio y la participación en un delito, los facilitadores profesionales encuentran su mejor refugio, garantizando su propia impunidad y perpetuando el ciclo de la corrupción.
