Una auditoría de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reveló que las fallas en la distribución del material electoral el pasado 12 de abril, que impidieron la instalación de mesas de votación, no fueron únicamente responsabilidad de la empresa contratista Servicios Especiales Galaga, sino que también involucran a funcionarios de la propia ONPE.
Los auditores César Ordóñez Enríquez y Percy Torres Corzo constataron que, a pesar de la falta de vehículos por parte de Galaga –empresa que obtuvo un contrato por más de S/6 millones–, personal de la ONPE no logró solucionar el problema del transporte, lo que derivó en que numerosos electores no pudieran ejercer su derecho al voto.
El acta de la auditoría, a la que accedió La República, detalla que los funcionarios Juan Phang Sánchez e Hilda Otoya Alvarado, presentes en el almacén principal de Lurín, confirmaron la imposibilidad de resolver la logística de distribución. Se documentó la existencia de material electoral, incluyendo 16 computadoras y material de contingencia, que no fue entregado y permaneció en un vehículo asignado a la ruta de Santiago de Surco.
La ONPE había responsabilizado inicialmente a Galaga por no completar el número de unidades vehiculares contratadas (217 para transporte de material y 217 para equipos informáticos), pero los auditores señalaron que los funcionarios de la ONPE fueron reacios a proporcionar información sobre los vehículos de contingencia utilizados.
El acta también registra que se devolvió material electoral de centros de votación como el colegio Juan Esponiza Medrano, debido a la imposibilidad de instalar las mesas. Estos hallazgos contradicen las declaraciones previas de la ONPE, que atribuía la totalidad de la responsabilidad a la empresa proveedora. La auditoría confirma que las deficiencias fueron compartidas, afectando directamente el proceso electoral.
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