El Ayuntamiento de A Coruña mantiene conversaciones con el Estado para conseguir la cesión definitiva del antiguo edificio de la cárcel provincial, una construcción que se encuentra abandonada frente al paseo marítimo y con la Torre de Hércules como telón de fondo. Las negociaciones buscan poner fin a un litigio que se remonta a un convenio previo, anulado por los tribunales, y que podría haber costado al Ayuntamiento hasta 15 millones de euros.
La oposición municipal, representada por los grupos del PP y el BNG, aboga por la entrega gratuita de la instalación, argumentando que la parcela sobre la que se asienta originalmente pertenecía al Ayuntamiento. El convenio firmado durante el mandato del entonces alcalde Francisco Vázquez, que establecía la entrega a cambio de una compensación económica y la cesión de otras propiedades, nunca se completó y fue posteriormente invalidado por la justicia.
Según fuentes municipales y del Estado, el concejal de Hacienda, José Manuel Lage, se reunió en febrero con Sofía Hernanz, presidenta de la Siepse, la empresa pública que actualmente ostenta la titularidad del inmueble. Se prevé una nueva reunión entre mayo y junio para continuar con las negociaciones. Lage ha declarado que el Ayuntamiento cuenta con una sentencia favorable, pero prefiere llegar a un acuerdo con el Estado para evitar un proceso judicial prolongado.
La Siepse, a través del Ministerio del Interior, ha minimizado la importancia de las reuniones, describiéndolas como parte de las relaciones institucionales habituales y asegurando que los temas tratados son de carácter interno y confidencial. Sin embargo, el Gobierno local insiste en que el único punto de la reunión de febrero fue la posible cesión del edificio.
El objetivo principal de las negociaciones es encontrar una solución que satisfaga a ambas partes, aunque los detalles de las condiciones de la entrega y los términos de la negociación no han trascendido. El Ayuntamiento trabaja para conseguir la cesión gratuita del inmueble, aunque reconoce que existe cierta resistencia por parte del Gobierno central.
Además de la entrega de la parcela, un punto clave en la negociación es la posible financiación de la rehabilitación y reforma del edificio. El Ayuntamiento ha estimado que la rehabilitación podría costar alrededor de 30 millones de euros. El Gobierno local ha vinculado la rehabilitación a la declaración del inmueble como Lugar de Memoria, un espacio dedicado a la conmemoración y el recuerdo de eventos históricos relevantes.
La Siepse ha señalado que la decisión sobre una posible cesión gratuita no es de su competencia y ha afirmado no tener constancia de que el Ayuntamiento haya abierto un expediente sancionador por el estado de deterioro del edificio. No obstante, el Ayuntamiento había estado considerando esta opción, pero ha suspendido el proceso mientras las negociaciones están en curso.
En junio de 2025, el pleno municipal aprobó por unanimidad una moción del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en la que se instaba al Ayuntamiento a tomar las medidas necesarias para que el Estado mantuviera en buen estado la antigua cárcel provincial, que había ido acumulando deterioro con el paso de los años. La moción incluía la posibilidad de iniciar un expediente sancionador contra el Estado.
El portavoz municipal, José Manuel Lage, insistió en que el Estado debía cumplir con sus obligaciones y que, en caso contrario, el Ayuntamiento debía actuar con determinación en defensa del acuerdo plenario. La situación actual refleja la complejidad de las negociaciones y la importancia de encontrar una solución que permita recuperar un edificio emblemático para la ciudad de A Coruña y darle un nuevo uso que beneficie a la comunidad.
La antigua cárcel, situada en una ubicación privilegiada frente al mar y con vistas a la Torre de Hércules, representa un potencial importante para la ciudad. Su rehabilitación y transformación podrían generar nuevas oportunidades económicas y culturales, además de contribuir a la preservación del patrimonio histórico y la memoria colectiva. La resolución de este conflicto, que se prolonga desde hace años, es una prioridad para el Ayuntamiento y un paso importante para el futuro de A Coruña. Las próximas semanas, con la esperada reunión entre Lage y Hernanz, serán cruciales para determinar el desenlace de esta negociación. La ciudadanía coruñesa espera un resultado favorable que permita devolver a la ciudad un edificio que, durante demasiado tiempo, ha permanecido abandonado y olvidado.
