Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo', ha comenzado a comunicarse en inglés con el juez Brian Cogan, quien presidió su caso criminal, para solicitar un trato justo por parte de las autoridades estadounidenses. Desde la prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, donde cumple una cadena perpetua, Guzmán Loera ha expresado sus preocupaciones sobre las condiciones de su encarcelamiento.
En febrero de 2019, Guzmán Loera fue declarado culpable de múltiples delitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Desde entonces, ha presentado diversas peticiones al juez Cogan, buscando una revisión de su situación en la prisión. Su inglés, descrito como "confuso y descuidado", no ha impedido que intente comunicar sus demandas directamente al juez.
Las quejas de Guzmán Loera se centran en denuncias de malos tratos, incomunicación, alimentación inadecuada e incluso actos de tortura durante su estancia en la prisión de Colorado. Estas denuncias han sido presentadas en cartas y documentos a través de sus abogados en repetidas ocasiones.
Una serie de cartas inéditas, escritas entre 2023 y 2024 y obtenidas por MILENIO, revelan que Guzmán Loera ya había expresado a otro juez su preocupación por el impacto de su aislamiento en su salud mental. El exlíder del Cártel de Sinaloa se encuentra sometido a Medidas Administrativas Especiales (SAMs), que lo mantienen incomunicado y con restricciones severas en sus movimientos dentro de la prisión. Según sus propias palabras, estas condiciones lo estaban "volviendo loco".
A pesar de que varias instancias de apelación han rechazado sus peticiones previas, el caso de Guzmán Loera ha regresado a la corte federal de Brooklyn, ante el juez Cogan. Tanto el propio Guzmán Loera como sus abogados han enviado cartas al juez, solicitando su intervención ante el Buró Federal de Prisiones, la agencia encargada de supervisar las condiciones de encarcelamiento de los reclusos federales.
Aunque el contenido específico de las últimas peticiones de Guzmán Loera no ha sido revelado, su apelación se basa en principios constitucionales estadounidenses. La Primera Enmienda de la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al derecho a la petición. La Octava Enmienda prohíbe al gobierno imponer castigos crueles o excesivos, así como condiciones inhumanas de detención.
La prisión de Florence, Colorado, es una instalación de máxima seguridad que alberga a algunos de los reclusos más peligrosos de Estados Unidos. Además de Guzmán Loera, otros prominentes narcotraficantes y figuras del crimen organizado cumplen sus condenas en esta prisión, incluyendo a Alfredo Beltrán Leyva, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva; Rubén Oseguera González, 'El Menchito', hijo del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación; y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, todos condenados por delitos relacionados con el narcotráfico.
La situación de Guzmán Loera plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos de los reclusos, incluso aquellos condenados por delitos graves. Su insistencia en comunicarse en inglés, a pesar de sus dificultades con el idioma, demuestra su determinación por buscar una revisión de su caso y mejorar sus condiciones de encarcelamiento. El juez Cogan ahora deberá considerar las nuevas peticiones de Guzmán Loera y determinar si las condiciones de su detención cumplen con los estándares constitucionales estadounidenses. La respuesta del juez podría tener implicaciones significativas para el tratamiento de otros reclusos sometidos a Medidas Administrativas Especiales en el sistema penitenciario federal.
