La Procuraduría General de la Nación oficializó el inicio de un proceso disciplinario formal contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras detectar fallas en la investigación inicial sobre el concierto ofrecido por el cantante Nelson Velásquez en el centro penitenciario de Itag í, Antioquia. La decisión busca esclarecer las responsabilidades en las irregularidades que permitieron la realización de la celebración dentro de la cárcel.
El Ministerio Público determinó que el auto de apertura de investigación original presentaba falta de requisitos sustanciales , lo que podría acarrear violaciones al debido proceso y de derechos fundamentales . Ante esta situación, la Procuraduría declaró la nulidad de las actuaciones previas y procedió a un saneamiento jurídico para avanzar en la investigación de manera correcta y transparente.
Tras la corrección del proceso, la investigación fue reabierta y se vinculó formalmente a Fabián Leandro León Rodríguez, subdirector del Inpec y quien se desempeñaba como director encargado del centro penitenciario de Itag í al momento de los hechos. León Rodríguez es ahora investigado por presunta falsedad ideológica en documento público , elevando el número total de implicados en el expediente a 12.
La Procuraduría ordenó la suspensión provisional de 11 integrantes de la guardia y del cuerpo de custodia, junto con el director encargado, por un período de tres meses sin remuneración. Entre los suspendidos se encuentran los dragoneantes, el intendente Eduardo Parra Ceballos, los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz, y el inspector jefe Salvador Del Cristo Jiménez Palencia. Esta medida cautelar busca asegurar la integridad de la investigación y evitar posibles obstrucciones.
La investigación no se limita a los funcionarios directamente involucrados en la organización y ejecución del concierto. La Procuraduría también compulsó copias para que se investigue al director titular del centro penitenciario, Édgar Iván Pérez Ortega, por la presunta realización de cambios informales en los turnos del personal. El ente de control busca determinar si estas modificaciones en los horarios de los guardias facilitaron las irregularidades que permitieron la realización de la fiesta.
El objetivo principal de la Procuraduría es establecer si existió una negligencia o complicidad por parte de los funcionarios del Inpec que permitió la entrada de un artista y la realización de un concierto dentro de la cárcel, contraviniendo los protocolos de seguridad y vigilancia. La investigación se centra en determinar cómo se superaron los controles de acceso, cómo se permitió la entrada de equipos de sonido y otros elementos necesarios para la realización del evento, y quiénes fueron los responsables de autorizar y coordinar la celebración.
La Procuraduría General de la Nación ha manifestado su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva y rigurosa para determinar las responsabilidades individuales y colectivas en este caso. Se espera que los resultados de la investigación permitan esclarecer las fallas en la vigilancia y la administración del centro penitenciario de Itag í, y que se tomen las medidas disciplinarias y penales correspondientes contra los responsables.
Este incidente ha generado una gran controversia en el país y ha puesto en tela de juicio la seguridad y el control en las cárceles colombianas. La opinión pública exige una respuesta contundente por parte de las autoridades y la implementación de medidas que garanticen que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro. La Procuraduría General de la Nación ha asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para fortalecer los controles y prevenir la ocurrencia de nuevas irregularidades en el sistema penitenciario.
La investigación continúa en curso y se espera que en las próximas semanas se presenten nuevos avances y se tomen nuevas decisiones. La Procuraduría ha reiterado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y ha asegurado que informará a la opinión pública sobre los resultados de la investigación a medida que avance el proceso. El caso de la fiesta en la cárcel de Itag í se ha convertido en un símbolo de la necesidad de fortalecer la seguridad y la transparencia en el sistema penitenciario colombiano.
