Parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) solicitaron a la Contraloría General de la República pronunciarse sobre la posible existencia de incompatibilidades en asesores del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, acusando el uso de recursos públicos de manera simultánea y cuestionando el cumplimiento de normas de probidad. La acción parlamentaria abre un nuevo flanco para el Ejecutivo, poniendo a prueba su discurso de tolerancia cero frente a privilegios estatales.
La solicitud fue presentada formalmente por los diputados Tamara Ramírez, Fabián Ossandón, Patricio Briones y Flor Contreras, quienes buscan una investigación exhaustiva sobre la legalidad de las remuneraciones percibidas por asesores presidenciales que, al mismo tiempo, ocupan cargos de elección popular, como concejales o consejeros regionales. Los legisladores argumentan que esta situación podría constituir una vulneración de las normas que rigen la función pública.
Según los parlamentarios del PDG, la acumulación de cargos y remuneraciones plantea serias dudas sobre la dedicación exclusiva que un asesor presidencial debería tener a sus funciones. La diputada Tamara Ramírez enfatizó que el estándar de probidad no puede ser un eslogan de campaña que se olvida al llegar a La Moneda , señalando que existe una incompatibilidad de funciones evidente en estos casos. Ramírez insistió en que un asesor presidencial debe dedicar toda su jornada laboral a las tareas encomendadas por el Gobierno.
El diputado Fabián Ossandón fue aún más directo al advertir que la situación podría constituir una falta grave a la probidad administrativa. Ossandón cuestionó si existió una instrucción expresa por parte del Gobierno para que los asesores que también ocupan cargos electos renunciaran a estos últimos. Si no existió una instrucción expresa para que estos asesores renunciaran ( ) estamos ante una falta grave a la probidad administrativa. No se puede estar en ambos lados, menos recibiendo recursos públicos de forma duplicada , declaró el parlamentario.
Por su parte, el diputado Patricio Briones se centró en la verificación del cumplimiento efectivo de las funciones por parte de los asesores involucrados. Briones solicitó a la Contraloría que aclare si estas personas han destinado toda su jornada laboral a las asesorías de gobierno o si han descuidado sus responsabilidades en los cargos de elección popular que también ejercen. Queremos que la Contraloría aclare si estas personas han destinado toda su jornada laboral a las asesorías de gobierno ( ) o si han descuidado sus funciones públicas , señaló.
La diputada Flor Contreras, por su parte, calificó el escenario como irregular y solicitó que se establezcan las eventuales responsabilidades de los involucrados. Contreras pidió a la Contraloría que determine si corresponde el reintegro de los dineros percibidos de forma incompatible, es decir, si los asesores deben devolver los fondos recibidos por ambos cargos simultáneamente. Necesitamos que la Contraloría determine ( ) si corresponde el reintegro de dineros percibidos de forma incompatible , indicó.
El oficio presentado ante la Contraloría busca que el ente fiscalizador determine si existe una infracción normativa en los casos de asesores que perciben remuneraciones simultáneas por cargos en el Gobierno y en cargos de elección popular. La solicitud se enmarca en el contexto de una administración que ha hecho de la probidad y el correcto uso de los recursos públicos uno de sus ejes centrales de gestión.
La controversia generada por esta situación instala una nueva presión sobre el Ejecutivo, en un momento en que el discurso de tolerancia cero frente a privilegios estatales comienza a ser puesto a prueba por cuestionamientos provenientes del propio Congreso. La respuesta de la Contraloría General de la República será crucial para determinar si existen irregularidades y, en caso afirmativo, qué medidas deben tomarse para corregirlas.
La investigación de la Contraloría podría tener implicaciones significativas para el Gobierno, no solo en términos de la legalidad de las remuneraciones percibidas por los asesores involucrados, sino también en lo que respecta a su imagen pública y su compromiso con la probidad administrativa. El caso ha generado un debate sobre la necesidad de establecer reglas claras y transparentes para evitar conflictos de interés y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y responsable.
El PDG, a través de sus parlamentarios, ha dejado claro que no tolerará la impunidad y que exigirá que se investiguen a fondo todas las denuncias de irregularidades. La oposición, por su parte, ha visto en este caso una oportunidad para cuestionar la gestión del Gobierno y reforzar su discurso crítico. La evolución de esta controversia será seguida de cerca por la opinión pública y podría tener un impacto significativo en la agenda política del país.
