El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a dos hijos de la pareja presidencial de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto con otros individuos y empresas, por su presunta participación en una red que utiliza la extracción de oro para financiar al régimen nicarag ense y consolidar su control político.
Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46 años, y Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40, fueron identificados por el Tesoro como figuras clave dentro del aparato gubernamental y vinculados a actividades que facilitan la generación de ingresos para el régimen. Las sanciones, impuestas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también alcanzaron al viceministro de Energía y Minas, así como a siete empresas mineras.
Según el Departamento del Tesoro, los sancionados ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua . La acusación central es que estos individuos y entidades están implicados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses relacionadas con la industria del oro.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que el régimen de Murillo y Ortega ha buscado llenar sus propias arcas mediante estas empresas de oro y co-conspiradores, confiscando inversiones estadounidenses para mantenerse en el poder . Esta declaración subraya la preocupación de Washington por la supuesta apropiación indebida de activos estadounidenses por parte del gobierno nicarag ense.
Maurice Ortega actualmente ocupa el cargo de delegado presidencial para asuntos deportivos, mientras que Daniel Edmundo Ortega lidera el Consejo de Comunicación y Ciudadanía. El Tesoro argumenta que ambos desempeñan funciones importantes dentro del gobierno nicarag ense, contribuyendo directamente a la capacidad del régimen para operar y mantenerse en el poder.
La investigación del Departamento del Tesoro revela que el círculo cercano al poder en Nicaragua ha estado reconfigurando el sector minero desde 2020. Esta reestructuración se habría llevado a cabo a través de una red de empresas fachada y operadores que permiten generar divisas, lavar activos sancionados y, en última instancia, reforzar el control político del régimen. El oro, según Washington, se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento para el gobierno de Ortega y Murillo.
Las sanciones impuestas por el Tesoro implican el bloqueo de cualquier bien o activo que los sancionados puedan tener en Estados Unidos, así como la prohibición de que personas o entidades estadounidenses realicen transacciones comerciales con ellos. Esta medida busca aislar financieramente al régimen nicarag ense y limitar su acceso a recursos que podrían utilizarse para reprimir a la oposición o socavar la democracia.
Esta acción se enmarca dentro de una estrategia más amplia de presión sostenida por parte de Washington contra Managua, que se intensificó tras la represión de las protestas que comenzaron en abril de 2018. Las protestas, que inicialmente fueron motivadas por reformas a la seguridad social, rápidamente se convirtieron en un desafío generalizado al gobierno de Ortega, y la respuesta del régimen fue brutal, con cientos de muertos y miles de personas encarceladas o exiliadas.
Desde entonces, Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones contra funcionarios nicarag enses, empresas y entidades vinculadas al gobierno, con el objetivo de promover la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y presionar por la restauración de la democracia en el país.
La administración Biden ha criticado repetidamente al gobierno de Ortega por su falta de compromiso con las elecciones libres y justas, la represión de la oposición política y la erosión de las instituciones democráticas. En noviembre de 2021, Estados Unidos impuso sanciones contra varios funcionarios electorales nicarag enses después de que el gobierno de Ortega celebrara elecciones consideradas fraudulentas por la comunidad internacional.
Las sanciones más recientes, que incluyen a los hijos de Ortega y Murillo, representan un endurecimiento de la postura de Washington hacia Managua y una señal de que Estados Unidos no está dispuesto a tolerar la continua represión y la corrupción en Nicaragua.
El gobierno nicarag ense no ha respondido de inmediato a las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro. Sin embargo, en el pasado, ha denunciado las sanciones estadounidenses como una injerencia en sus asuntos internos y una forma de desestabilizar al país.
La situación en Nicaragua sigue siendo tensa y volátil, y el futuro del país es incierto. Las sanciones de Estados Unidos, junto con la presión internacional, podrían tener un impacto significativo en la economía nicarag ense y en la capacidad del régimen de Ortega para mantenerse en el poder. Sin embargo, también es posible que el gobierno nicarag ense busque otras fuentes de financiamiento y apoyo, lo que podría prolongar la crisis política y económica en el país.
