El Gobierno nacional enfrenta un plazo crucial este viernes para girar 2,5 billones de pesos a las 56 universidades nacionales, monto ordenado por la Justicia para compensar la pérdida de salarios y gastos operativos. El desembolso supera en US$750 millones lo recientemente acordado con el FMI. Ante la inminencia del vencimiento, el Ejecutivo evalúa apelar a la Corte Suprema buscando ganar tiempo, aunque la medida solo dilataría la resolución del conflicto.
La comunidad académica y los gremios universitarios amenazan con retomar las protestas, incluyendo la posibilidad de un paro “a la japonesa” y una nueva movilización masiva similar a la de 2024, la más grande desde el retorno de la democracia y un duro golpe para la administración de Javier Milei. La posibilidad de una concentración de casi medio millón de personas genera preocupación en la Casa Rosada.
Si bien el oficialismo cuenta con mayor fuerza en el Congreso, el discurso contra la “casta” se ha debilitado y el clima social es desfavorable, según encuestas internas. La inflación persiste en aumento, la recaudación continúa en descenso y la comunicación oficial ha perdido impacto.
El Ministerio de Economía no ha respondido a consultas sobre el pago a las universidades, a pesar de que el Congreso ya ratificó la ley que el Presidente vetó en dos oportunidades. La situación contrasta con la reciente transferencia de $150 mil millones al PAMI, una suma inferior a la reclamada por los prestadores.
En un principio, el Gobierno intentó negociar una nueva ley que redujera el impacto fiscal, pero la estrategia no prosperó. La designación de Juan Mahiques como ministro de Justicia tampoco resultó en una sentencia favorable. Funcionarios admiten una “mala praxis política” que ha agravado la situación.
La reciente sanción de la ley de Glaciares buscaba recuperar la iniciativa política, pero el conflicto universitario ha complicado esos planes. Negociadores del oficialismo reconocen que el costo final para el Tesoro podría ser mayor al previsto. La resolución de las elecciones internas en la UBA podría influir en las negociaciones, aunque universitarios advierten que no se puede supeditar la negociación a una sola universidad.
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