La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha documentado un alarmante aumento de agresiones contra defensoras, sus organizaciones y las comunidades a las que sirven durante el año 2025. El informe, titulado Caminando nuestra justicia , revela un total de 2.484 agresiones de diverso tipo, poniendo de manifiesto una situación crítica para quienes luchan por los derechos humanos en el país centroamericano.
El informe detalla que 348 de estas agresiones fueron ataques personales dirigidos específicamente contra defensoras de derechos humanos, mientras que 230 se centraron en dañar la reputación, la identidad o el trabajo de las organizaciones. La gran mayoría, 1.906 agresiones, fueron de carácter colectivo, afectando a comunidades enteras.
El departamento de Colón, en el este de Honduras, se erige como el punto más caliente, concentrando el 45 por ciento del total de agresiones, es decir, 1.122 incidentes. Esta zona, marcada por conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, ha sido escenario de numerosas incursiones y ataques armados en contra de cooperativas campesinas, comunidades garífunas, así como desalojos e intentos de desalojos , según el estudio. Otros departamentos con un número significativo de agresiones incluyen Atlántida (325), Francisco Morazán (261), Yoro (151), Comayagua (137), Cortés (115) e Intibucá (102).
Las defensoras de derechos humanos atribuyen el aumento de la violencia a un contexto político complejo, caracterizado por un proceso electoral que describen como viciado por el fraude, la corrupción y una política de intervención ejercida por Estados Unidos . A pesar de estas adversidades, afirman que continúan luchando para vivir y vivir bien y caminando juntas para hacernos justicia .
El informe destaca que el 68 por ciento de las agresiones estuvieron relacionadas con la defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes, mientras que un 13 por ciento se vinculó a la defensa de la verdad, la justicia y la reparación. Un dato preocupante es que el Estado es identificado como el principal agresor, responsable del 45 por ciento de los ataques, perpetrados por policías, autoridades y fuerzas armadas.
Además, el estudio revela un patrón preocupante de agresiones dirigidas a personas cercanas a las defensoras, lo que sugiere una estrategia para intimidar y silenciar a quienes defienden los derechos humanos.
Miriam Miranda, directora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), enfatizó que la violencia contra las defensoras de derechos humanos es un reflejo de la profunda crisis que atraviesa Honduras, y que esta crisis afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Se refleja más en las mujeres, que somos las que pagamos esa crisis , declaró a EFE.
Miranda señaló que los compañeros de las defensoras a menudo descargan su frustración, su odio y todo contra ellas, y que la violencia es un problema que requiere la atención urgente de la sociedad hondureña. Es un tema que ya no solamente tenemos que verlo como cifras, es un tema que debe ser como una emergencia, cada día aparecen mujeres asesinadas, cada día hay más violencia contra las mujeres , enfatizó.
La defensora abogó por una estrategia integral para que la sociedad hondureña comprenda que las mujeres no se limitan al ámbito doméstico, sino que tienen derecho a opinar, a vivir sin violencia y a participar plenamente en la vida del país. En su opinión, la normalización de la violencia en Honduras es lo más grave , ya que cuando se normalizan las cosas entonces para todo mundo hay otra muerte, más otra muerte .
Miranda concluyó que es fundamental analizar las causas estructurales de la violencia, que ha alcanzado niveles alarmantes y que las mujeres están pagando el precio de la crisis que vive el país. La situación exige una respuesta urgente y coordinada para proteger a las defensoras de derechos humanos y garantizar el respeto de sus derechos fundamentales en Honduras. La comunidad internacional observa con preocupación la escalada de violencia y la impunidad que prevalece en el país, instando al gobierno hondureño a tomar medidas concretas para proteger a quienes defienden los derechos humanos y promover una cultura de paz y justicia.
