El Congreso de la República debate una propuesta legislativa que busca regular el uso de la prueba del polígrafo en el ámbito laboral, tanto en el sector público como privado. El proyecto de ley N 13106, presentado a fines de 2025 por el congresista Jorge Montoya, ha generado opiniones divididas entre especialistas en derecho laboral y podría enfrentar una fuerte oposición por parte de los trabajadores.
El congresista Montoya sustentó su propuesta el pasado 7 de abril de 2026 ante la Comisión de Descentralización, argumentando que la falta de regulación actual ha propiciado prácticas discrecionales y arbitrarias en la aplicación de esta herramienta, afectando derechos fundamentales y generando inseguridad jurídica. Actualmente el uso del polígrafo no cuenta con una regulación legal en el Perú. Esto ha generado prácticas discrecionales o arbitrarias, tanto en el sector público como privado, afectando derechos fundamentales y generando inseguridad jurídica , señaló el legislador.
La propuesta normativa establece una serie de escenarios donde el uso del polígrafo estaría permitido. Entre ellos, se incluyen situaciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional, la seguridad pública, la protección de la vida e integridad de las personas, así como casos de sospecha razonable de participación de un trabajador en hechos que hayan causado graves perjuicios económicos a la empresa. Además, se contempla su uso con el consentimiento libre, previo, expreso y por escrito del trabajador o postulante.
En el sector público, el proyecto de ley permitiría el uso del polígrafo como apoyo en procesos de selección, control de confianza, investigación interna, prevención de actos de corrupción y fortalecimiento de la ética institucional. En el sector privado, se aplicaría particularmente en actividades de seguridad, defensa, transporte, minería, banca y servicios críticos, siempre respetando la legislación laboral y de protección de datos personales. También se contempla su uso en procesos de investigación administrativa o judicial, como herramienta auxiliar con consentimiento del evaluado y supervisión de personal acreditado, así como en auditorías internas o de control institucional.
Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de críticas. Franco Muschi, socio del área laboral del Estudio Garrigues, considera innecesaria la aprobación de una ley que regule el uso del polígrafo, argumentando que ya existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que establece los requisitos para su aplicación. Es un tema polarizado pues el polígrafo como herramienta en el ámbito laboral siempre va a colisionar con la intimidad y dignidad de la persona. El proyecto tendrá una abierta oposición de parte de los trabajadores , advirtió Muschi.
Jorge Luis Acevedo, socio laboralista del estudio Benites, Vargas & Ugaz, ha cuestionado una aparente contradicción dentro del proyecto de ley. Si bien se establece la obligatoriedad del consentimiento para la aplicación del polígrafo, también se contempla su uso obligatorio en los procesos de selección y designación de altos funcionarios públicos, incluyendo magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y miembros del directorio del Banco Central de Reserva (BCRP).
Acevedo sostiene que el uso del polígrafo debe ser siempre voluntario, salvo en casos relacionados con la seguridad nacional. Nadie debe estar obligado a pasar por el polígrafo. En el proyecto se consigna la voluntariedad, pero en casos de designación de funcionarios públicos sí se hace obligatorio, allí hay una contradicción. Creo que en todos los casos debe ser voluntario, salvo en temas de seguridad nacional. Sino se rompe el principio de voluntariedad , enfatizó.
La discusión sobre la regulación del polígrafo en el ámbito laboral plantea un debate sobre la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, en particular el derecho a la intimidad y la dignidad. La posibilidad de que una empresa o el Estado obliguen a un trabajador a someterse a esta prueba genera preocupación sobre la vulneración de estos derechos y la potencial discriminación.
El proyecto de ley busca establecer un marco legal que garantice el uso responsable y ético del polígrafo, limitando su aplicación a situaciones específicas y exigiendo el consentimiento del evaluado. Sin embargo, la controversia persiste sobre la necesidad de una regulación adicional, considerando que ya existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el tema.
La aprobación o rechazo de esta iniciativa legislativa podría tener un impacto significativo en las relaciones laborales en el Perú, definiendo los límites y alcances del uso de una herramienta que genera debate y desconfianza entre los trabajadores. El Congreso deberá ponderar cuidadosamente los argumentos a favor y en contra de la regulación del polígrafo, buscando un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la necesidad de garantizar la seguridad y la integridad en el ámbito laboral. La discusión continúa abierta y se espera que genere un amplio debate público antes de ser sometida a votación en el pleno del Congreso.
