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La exdiputada Marulin Azofeifa expresó su preocupación ante la posible prórroga del plazo para que la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa rinda un informe sobre su denuncia contra Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual. A dos días de la fecha límite, Azofeifa instó a los diputados a cumplir con el tiempo establecido y a buscar justicia, no solo para ella, sino para todas las mujeres que han sufrido silenciosamente.
Lo único que deseo es que esta comisión pueda realmente cumplir con el plazo establecido, y que se haga justicia, no solo para mí, sino también para todas las mujeres que hemos callado durante muchísimo tiempo y nos cuesta tanto hablar, que tengamos que pasar por todo esto tan difícil, que una comisión alargue por tanto tiempo algo tan delicado como lo que yo he manifestado , declaró la excongresista frente a los medios de comunicación tras una sesión de casi tres horas en la que se discutieron diversos asuntos.
La solicitud de prórroga, aprobada por votación de tres a uno, busca extender el plazo hasta por 15 días adicionales. La justificación es que, tras recibir los testimonios pendientes, se requiere otorgar tres días a las partes involucradas para presentar sus conclusiones finales. Esta decisión ha generado críticas por parte de los abogados de Azofeifa, quienes cuestionan la lentitud del proceso y el cumplimiento de los plazos establecidos.
La denuncia pública de Azofeifa se presentó a finales de enero, seguida de una gestión formal ante el Directorio legislativo el 4 de febrero. La comisión investigadora se integró el 17 de febrero, de acuerdo con el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por demoras y contratiempos.
La primera sesión de la comisión se llevó a cabo el 19 de febrero, pero la segunda sesión, inicialmente programada para un mes después, no se realizó hasta el 24 de marzo. Posteriormente, se retomaron las sesiones el 10 de abril, en una maratónica jornada de 10 horas dedicada a recibir el testimonio de Azofeifa como denunciante, así como de varios testigos y del propio Fabricio Alvarado. No obstante, la sesión no permitió escuchar a todos los testigos y a Alvarado en su totalidad.
La polémica en torno al caso se intensificó con la cancelación de la sesión del martes anterior, solicitada por Fabricio Alvarado sin presentar justificación médica o similar. Esta acción ha sido interpretada como un intento de dilatar el proceso y evitar responder a las acusaciones.
Azofeifa ha denunciado una serie de comportamientos inapropiados por parte de Alvarado, que incluyen intentos de besos sin consentimiento, acercamientos y tocamientos indeseados. Según su relato, estas acciones comenzaron a finales de 2017, cuando ella era candidata a diputada, continuaron durante su período como legisladora y se han mantenido incluso en su actual rol como asesora de Nueva República, el partido liderado por Alvarado.
La comisión investigadora se encuentra ahora en una carrera contra el tiempo para resolver los asuntos pendientes antes de la fecha límite para la entrega del informe. La decisión de solicitar una prórroga ha generado debate y ha puesto de manifiesto las tensiones existentes en torno al caso.
El caso Azofeifa-Alvarado ha generado una amplia discusión en la sociedad costarricense sobre el tema del acoso y el abuso sexual, especialmente en el ámbito político. La denuncia de la exdiputada ha alentado a otras mujeres a alzar la voz y a denunciar situaciones similares, rompiendo el silencio que ha prevalecido durante mucho tiempo.
La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la lucha contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa y en otros espacios de poder. La exigencia de justicia por parte de Azofeifa y el apoyo que ha recibido de diversas organizaciones y sectores de la sociedad demuestran la importancia de abordar este problema de manera seria y efectiva.
La comisión investigadora deberá analizar cuidadosamente los testimonios y las pruebas presentadas para determinar si existen elementos suficientes para confirmar las acusaciones de Azofeifa. La transparencia y la imparcialidad en el proceso son fundamentales para garantizar la confianza pública y asegurar que se haga justicia.
El plazo para la entrega del informe se acerca, y la presión sobre la comisión investigadora es cada vez mayor. La sociedad costarricense espera una resolución pronta y justa en este caso, que ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger a las mujeres y de combatir el acoso y el abuso sexual en todas sus formas. La decisión final de la comisión tendrá un impacto significativo en la vida de Azofeifa, de Alvarado y en la percepción de la justicia en Costa Rica.
