Las acciones de este miércoles se inscriben dentro de la Jornada en Defensa de la Reforma Agraria, que se desarrolla del 13 al 17 de abril con motivo del aniversario 30 de la Masacre de Eldorado do Carajás, uno de los episodios más graves de violencia en el campo brasileño. El movimiento social denuncia la lentitud en las políticas agrarias y exige la democratización del acceso a la tierra.
Según el movimiento, hasta hoy se realizaron movilizaciones en al menos 20 municipios de 13 estados y el Distrito Federal, con la participación de alrededor de 16 mil militantes. Las acciones incluyen ocupaciones de tierras improductivas, protestas frente a sedes del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y marchas en distintas regiones del país.
Entre las principales actividades destacan ocupaciones simultáneas de sedes del Incra en estados como Maranh o, Paraíba, Piauí, Río de Janeiro y Alagoas. Estas ocupaciones buscan visibilizar la inacción del gobierno en la implementación de asentamientos y la regularización de tierras para familias campesinas. Paralelamente, se han realizado protestas y audiencias en Brasilia para exigir avances concretos en las políticas agrarias.
Unas 500 familias ocuparon este miércoles una hacienda improductiva en el estado de Ceará, buscando una solución a la falta de acceso a la tierra y la posibilidad de desarrollar una producción agrícola sostenible. En Maranh o, más de 250 trabajadores rurales tomaron la sede regional del Incra en Imperatriz para denunciar la lentitud en la implementación de asentamientos, exigiendo una respuesta inmediata a sus demandas.
En Bahía, una marcha de más de dos mil personas llegó a Salvador tras recorrer 120 kilómetros, demostrando el compromiso y la determinación de los campesinos en la lucha por la reforma agraria. La marcha busca presionar a las autoridades estatales y federales para que aceleren el proceso de regularización de tierras y garanticen el acceso a recursos básicos para la producción agrícola. En S o Paulo y Río de Janeiro se registraron ocupaciones de organismos públicos para presionar por la destinación de tierras, buscando alternativas para las familias sin tierra y promoviendo la ocupación productiva de áreas improductivas.
Las acciones también incluyen protestas contra la privatización de recursos naturales, como una manifestación en Sergipe contra la gestión del agua, denunciando los impactos negativos de la privatización en el acceso al agua para la agricultura familiar y las comunidades rurales. Además, se han registrado ocupaciones de latifundios en estados como Pernambuco y Tocantins, buscando redistribuir la tierra y promover una mayor equidad en el acceso a este recurso fundamental.
En paralelo a las movilizaciones en el campo, dirigentes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) participaron en Brasilia en reuniones con autoridades gubernamentales y en la Marcha de la Clase Trabajadora, para articular demandas vinculadas al acceso a la tierra y derechos sociales. Estas reuniones buscan establecer un diálogo constructivo con el gobierno y encontrar soluciones para los problemas que afectan a las comunidades campesinas.
La jornada adquiere este año un carácter especial al cumplirse 30 años del asesinato de 21 campesinos sin tierra en Eldorado do Carajás, en el estado de Pará, durante una operación policial ocurrida el 17 de abril de 1996 contra una marcha que reclamaba reforma agraria. La Masacre de Eldorado do Carajás se convirtió en un símbolo de la violencia en el campo brasileño y de la lucha por la justicia social.
De acuerdo con el MST, cerca de 145 mil familias continúan acampadas en Brasil, de las cuales unas 100 mil están organizadas en el movimiento, lo que evidencia la persistencia de la demanda por democratizar el acceso a la tierra. Esta situación refleja la necesidad urgente de implementar políticas agrarias que garanticen el derecho a la tierra para las familias campesinas y promuevan un desarrollo rural más justo y sostenible. La organización enfatiza que la lucha por la tierra es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, la soberanía nacional y la justicia social en Brasil. Las movilizaciones actuales son una expresión de la resistencia campesina y de la determinación de seguir luchando por una reforma agraria integral.
