El Gobierno impulsa un proyecto de ley que busca agilizar los desalojos y modificar los plazos de intimación en los contratos de alquiler, generando debate entre propietarios e inquilinos. La iniciativa, que se debate este miércoles en el Senado, reduce drásticamente el tiempo que tienen los inquilinos para regularizar deudas de alquiler, pasando de un plazo actual de 10 días a solo tres días corridos.
El proyecto de ley, presentado originalmente el 27 de marzo, introduce cambios significativos en el Código Civil y Comercial, permitiendo que los propietarios intimen el pago con mayor celeridad. Actualmente, el código establece un margen de hasta dos meses de retraso antes de que el propietario pueda realizar la intimación. Sin embargo, el proyecto actual acorta este período, obligando al inquilino a cumplir con la deuda en un plazo de tres días a partir de la notificación.
Si bien el oficialismo asegura que no habrá dictamen hasta la próxima semana, la reducción en los días de intimación es un punto central de controversia. Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, defiende la medida, argumentando que agilizará los procesos y reducirá los tiempos de resolución de conflictos. Mientras que un proceso ordinario puede extenderse entre un año y medio y dos años, el esquema sumarísimo reduce significativamente los plazos, podría resolverse en alrededor de seis meses , explicó Abatti.
Por otro lado, Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, critica duramente la propuesta, afirmando que el gobierno busca facilitar el desalojo inmediato de las familias inquilinas que se retrasen solo tres días en el pago del alquiler. Esta postura refleja la preocupación de los inquilinos por la posible vulnerabilidad que implica la reducción del plazo de intimación.
El proyecto de ley no solo se enfoca en la reducción de los plazos de intimación, sino que también propone un cambio en el procedimiento judicial para los desalojos. Establece que todos los procesos de desalojo, ya sea por falta de pago, vencimiento de contrato o intrusión, se tramiten bajo el esquema de juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido del sistema judicial argentino. Esto implica una modificación de artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que rige en la ciudad de Buenos Aires, así como del Código Civil y Comercial de la Nación, que es aplicable en todas las provincias.
En casos de intrusión, el proyecto permite al juez devolver la tenencia del inmueble al propietario antes de que se dicte la sentencia final, una vez que la demanda haya sido notificada oficialmente, con un plazo de resolución de cinco días. Asimismo, en casos de falta de pago o incumplimiento de contrato, el demandante puede solicitar la entrega anticipada del inmueble, previa prestación de una caución juratoria.
Para equilibrar la situación, el proyecto contempla una medida de protección para los inquilinos: si se demuestra que el propietario solicitó la desocupación inmediata ocultando el pago del alquiler o escondiendo el contrato real, el juez le impondrá una multa de hasta 10 veces el valor del último alquiler a favor del inquilino.
Otra modificación relevante es la incorporación de un reconocimiento judicial temprano. Ante situaciones de deterioro, uso abusivo, falta de pago o intrusión, el juez deberá ordenar una inspección dentro de las 72 horas desde la primera providencia, con el objetivo de identificar a los ocupantes con nombre, apellido y DNI, con intervención del Defensor Oficial.
La iniciativa también busca modernizar las notificaciones, habilitando el domicilio electrónico como canal válido para comunicar la demanda y para intimar el pago en contratos de alquiler de vivienda. Este domicilio electrónico es un servicio gratuito y obligatorio para los ciudadanos, que permite recibir comunicaciones de los organismos provinciales de manera fehaciente.
Además, en los juicios fundados en falta de pago o vencimiento de plazo, solo se admitirá la prueba documental y pericial, con el fin de evitar demoras asociadas a otros medios de prueba.
Finalmente, el proyecto refuerza la etapa final del proceso, incluyendo en el mandamiento de lanzamiento la autorización explícita para el uso de la fuerza pública, el allanamiento y la apertura de cerraduras, incluso si el inmueble parece estar desocupado. También se habilita al oficial de Justicia a designar depositarios para los bienes muebles que se encuentren en la propiedad.
La discusión sobre este proyecto de ley se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la situación habitacional en el país y la necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos de propietarios e inquilinos. La aprobación de esta iniciativa podría tener un impacto significativo en el mercado inmobiliario y en la vida de miles de familias que alquilan sus viviendas.
