El Juzgado Criminal y Correccional Federal N 11 avanza en la investigación de presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), citando a indagatoria a 29 personas. La medida responde a lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, y se suma al procesamiento ya existente contra el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo. Las indagatorias se llevarán a cabo entre el 28 de abril y el 26 de mayo, incluyendo la ampliación de declaraciones de al menos cinco imputados que ya habían sido indagados previamente.
La investigación judicial busca reconstruir un entramado que, según las primeras conclusiones, habría operado dentro de la ANDIS con fines ilícitos. El juez Ariel Lijo determinó que La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público , coincidiendo con la postura del Ministerio Público Fiscal. La hipótesis central apunta a un esquema sistemático de desvío de fondos públicos.
Entre los nombres que deberán presentarse ante la Justicia se encuentra Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto lobbista de directivos de laboratorios y droguerías. La citación de estas figuras clave indica que la investigación se está ampliando y profundizando en la identificación de los actores involucrados en el presunto esquema de corrupción.
La causa ANDIS se centra en esclarecer un entramado que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de la estructura ilícita. Se investiga la combinación de intereses privados con decisiones tomadas dentro de la administración pública, lo que sugiere una planificación y ejecución coordinada de las maniobras fraudulentas. La magnitud del caso lo posiciona como uno de los expedientes más relevantes en materia de presunta corrupción en el área social.
Como medida preventiva, el juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas en la investigación. Esta decisión busca asegurar que los activos de los imputados no sean ocultados o transferidos, garantizando así la posibilidad de recuperar los fondos desviados en caso de que se confirme su culpabilidad. El magistrado explicó que Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado .
La investigación continúa sumando elementos probatorios y ampliando el número de involucrados, lo que sugiere que la trama de corrupción en la ANDIS podría ser más extensa y compleja de lo inicialmente previsto. La citación a indagatoria de 29 personas representa un paso significativo en el proceso judicial, acercando a la Justicia a la identificación y sanción de los responsables de las presuntas irregularidades.
El caso ANDIS ha generado gran repercusión en la opinión pública, debido a la naturaleza de los fondos involucrados y al impacto que la corrupción puede tener en la calidad de vida de las personas con discapacidad. La investigación judicial se espera que arroje luz sobre las circunstancias en las que se produjeron los presuntos desvíos de fondos y que contribuya a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la atención de las personas con discapacidad.
La ampliación de las indagatorias y la inhibición de bienes son medidas contundentes que demuestran la determinación de la Justicia por investigar a fondo las presuntas irregularidades en la ANDIS. El desarrollo de la causa será seguido de cerca por la sociedad, que espera que se haga justicia y que los responsables de la corrupción sean sancionados de acuerdo con la ley. La investigación no solo busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales, sino también prevenir la repetición de este tipo de situaciones en el futuro, fortaleciendo la integridad y la transparencia en la administración pública.
