El gobierno del presidente Gustavo Petro ha contratado a un equipo de abogados y consultores estadounidenses, algunos con vínculos cercanos al expresidente Donald Trump, para intentar sacarlo de la llamada lista Clinton de Estados Unidos. El contrato, por valor de 10.000 millones de pesos, es pagado por el Estado colombiano y ha sido justificado por la Dirección de Asuntos Presidenciales (Dapre) como una asesoría especializada en sanciones internacionales impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Con menos de cuatro meses restantes en su mandato, el presidente Petro enfrenta una carrera contrarreloj para lograr su exclusión de esta lista, que implica restricciones financieras y de viaje. Expertos advierten que este proceso podría volverse aún más complicado una vez que deje el poder.
La firma Amadeus Consultancy Limited, propiedad del abogado Daniel Kovalik, fue contratada directamente para prestar servicios de asesoría en asuntos de sanciones financieras. Posteriormente, Amadeus Consultancy Limited subcontrató a Curvus Strategic Partners PLLC, una firma con sede en Florida, para liderar la defensa del presidente Petro.
El equipo de Curvus Strategic Partners está integrado por profesionales con una trayectoria significativa en el ámbito legal, político y de inteligencia estadounidense. Uno de los nombres más destacados es Robert David Garson, abogado que representó a Donald Trump en una demanda interpuesta por el periodista Bob Woodward y la editorial Simon & Schuster. Aunque la demanda fue desestimada, Garson ha mantenido una estrecha relación con el expresidente, quien lo designó en noviembre pasado en el directorio de un consejo en Estados Unidos. Garson también ha sido presidente de la Asociación Americana de Abogados y Juristas Judíos, y de la Asociación de Judíos Estadounidenses de Origen Español y Portugués, siendo reconocido por su defensa del Estado de Israel.
Otro miembro clave del equipo es Joseph J. Forcier II, exagente de la CIA que se desempeñó como jefe de estación en Kuwait. Desde esa posición, Forcier estuvo a cargo de parte de las operaciones de inteligencia de Estados Unidos en Medio Oriente.
Completa el equipo Abe E. Goldschmidt, exfiscal de Miami y exasistente de Trump. Goldschmidt participó en la primera campaña presidencial del mandatario estadounidense y luego fue designado como asistente especial durante su gobierno, recibiendo credenciales de seguridad nacional que le permitieron manejar información clasificada y desempeñarse en el Departamento de Seguridad Nacional.
La conformación de este equipo revela una estrategia jurídica enfocada en la experiencia en litigios, inteligencia y relaciones con altos funcionarios del gobierno estadounidense. Sin embargo, los honorarios que reciben estos consultores y lobistas no han sido revelados públicamente. Los documentos registrados ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos omiten deliberadamente el valor de estos pagos, lo que impide determinar qué parte de los recursos públicos destinados al contrato termina en manos de estos profesionales.
La revelación de este contrato y la identidad de los miembros del equipo de defensa ha generado interrogantes sobre la estrategia del gobierno Petro para abordar este delicado asunto. La contratación de personas con vínculos con el entorno de Donald Trump, un crítico vocal de las políticas del gobierno colombiano, ha sorprendido a algunos analistas.
El gobierno ha defendido la contratación argumentando que se requiere una asesoría especializada para navegar por el complejo sistema legal estadounidense y las regulaciones de la OFAC. La lista Clinton es una designación informal utilizada por Estados Unidos para identificar a individuos y entidades vinculadas al narcotráfico y a actividades ilícitas. Ser incluido en esta lista puede tener graves consecuencias financieras y políticas.
La situación de Petro en la lista Clinton se remonta a investigaciones sobre presuntas contribuciones ilegales a su campaña presidencial de 2018. El gobierno colombiano ha negado cualquier irregularidad y ha argumentado que las acusaciones son infundadas.
El tiempo apremia para el presidente Petro, quien busca resolver esta situación antes de dejar el cargo. El resultado de estas gestiones sigue siendo incierto, pero la contratación de un equipo de expertos con experiencia en litigios, inteligencia y relaciones con el poder en Estados Unidos demuestra la seriedad con la que el gobierno está abordando este desafío. La falta de transparencia en los honorarios pagados a estos consultores, sin embargo, sigue siendo un punto de controversia y genera interrogantes sobre el uso de los recursos públicos.
