El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional del jerarca iraní Alí Asghar Hejazi por su presunta participación en el atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994. La medida, que incluye una alerta roja de Interpol y un pedido de cooperación a Irán, se suma a la ampliación de imputaciones contra otros acusados y a la desclasificación de informes clave para la causa. Hejazi, considerado la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei (asesinado recientemente en un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel), presidía el Comité Vijeh, organismo estatal donde se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para destruir la AMIA, según la reconstrucción de la UFI-AMIA.
Para disponer el arresto de Hejazi, con el objetivo de someterlo a declaración indagatoria, el magistrado subrogante del Juzgado Federal N 6 pidió a la Interpol activar una alerta roja. También giró un pedido de cooperación internacional a la República Islámica de Irán con el mismo objetivo, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae. Esta acción representa un nuevo paso en la investigación que busca establecer la cadena de mando terrorista detrás del atentado que causó 85 muertes y cientos de heridos.
Sin embargo, la decisión del juez Rafecas no se limitó a la orden de captura. También rechazó el pedido del fiscal Sebastián Basso para procesar a los diez iraníes y libaneses previamente imputados. Esta negativa se debe a la espera de un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, la cual es fundamental para juzgar a los acusados que se encuentran fuera del país.
Paralelamente, el Juzgado Federal N 6, a pedido del fiscal Basso, reconfiguró y amplió las imputaciones contra Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman. La UFI-AMIA determinó que Hezbollah fue una creación de Irán, ocurrida entre fines de los 70 y principios de los 80, con el propósito explícito de cometer atentados terroristas a nivel mundial, incluyendo los ataques a la AMIA y la Embajada de Israel. Esta nueva calificación, que considera la asociación ilícita como un delito en sí mismo, podría resultar en condenas más severas para los acusados. La investigación ahora se centrará en la integración de la organización terrorista, sin incorporar nuevos hechos, sino analizando los elementos ya presentes en el expediente bajo una nueva perspectiva.
En cuanto a las consecuencias del atentado, los acusados se enfrentan a cargos por homicidio calificado por odio racial o religioso y por haber sido cometido mediante un medio idóneo para causar peligro común, considerando las 85 víctimas fatales, en concurso ideal con las lesiones (leves, graves y gravísimas) sufridas por al menos 151 personas, y los daños materiales ocasionados por la explosión.
Uno de los aspectos más relevantes de la reciente resolución del juez Rafecas es la desclasificación de cuatro informes secretos elaborados por el Área de Análisis de la UFI-AMIA. Esta medida responde a una solicitud de las querellas y a un incumplimiento por parte del Gobierno, que en 2020 había dispuesto mecanismos para la difusión de documentación desclasificada de la SIDE a través de una mesa de diálogo que nunca funcionó de manera efectiva.
Antes de la publicación de los informes, el Ministerio Público Fiscal deberá evaluar posibles afectaciones a la investigación en curso, y la Secretaría de Inteligencia de Estado revisará los documentos para identificar fragmentos que deban permanecer en secreto. Además, se deberá determinar si la desclasificación implica una difusión sin restricciones de los informes, o si se mantendrá cierta confidencialidad en el marco de la causa.
El juez Rafecas también requirió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente un informe detallado sobre las medidas adoptadas para implementar los mecanismos de acceso y publicidad de la documentación desclasificada. Esta solicitud surge a raíz de las reiteradas quejas de las querellas por el carácter restringido de elementos probatorios que consideran cruciales para la causa, especialmente la documentación aportada por organismos de inteligencia.
Las querellas argumentan que esta situación limita no solo el derecho de la sociedad a acceder a información de interés público, sino también la participación de los damnificados en el caso. A pesar de tener acceso a la información, no pueden divulgarla o referirse a ella sin exponerse a posibles consecuencias legales.
En su resolución, el juez Rafecas enfatizó que no resulta razonable ni jurídicamente admisible continuar postergando indefinidamente la publicidad de la información, a la espera de una instancia -la mesa de diálogo- que, hasta el momento, no ha cumplido con la función que le fue asignada. Mantener esa espera implicaría, en los hechos, vaciar de contenido la decisión de desclasificación adoptada por el propio Poder Ejecutivo y frustrar los principios de transparencia que la motivaron y restringir a las partes el pleno ejercicio del derecho de defensa . La decisión judicial representa un avance significativo en la búsqueda de justicia por el atentado a la AMIA y un paso importante hacia la transparencia en la investigación.
