La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se intensifica tras revelaciones clave de la escribana Adriana Nechevenko, quien admitió no haber indagado sobre el origen de los fondos utilizados en tres operaciones inmobiliarias del funcionario. El interrogatorio a Nechevenko, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, expuso una práctica que ha generado alarma en Comodoro Py y podría derivar en una investigación sobre la conducta de la escribana.
Nechevenko brindó detalles sobre las operaciones que certificó, incluyendo la compra de una propiedad en el barrio privado Indio Cuá en Exaltación de la Cruz y dos departamentos en la Capital Federal. La fiscalía busca determinar si Adorni puede justificar con sus ingresos como funcionario público los movimientos de dinero realizados desde diciembre de 2023. Para ello, ya se han emitido más de 30 oficios y se han citado a cinco nuevos testigos, además de las cuatro prestamistas que deberán declarar esta semana.
El punto central de la controversia reside en la admisión de Nechevenko de no haber preguntado por el origen de los fondos, justificando su accionar con el argumento de que conocía a los prestamistas. En una entrevista con Infobae, la escribana afirmó que no está obligada a solicitar información sobre el origen del dinero, sino que basta con una declaración jurada de legalidad. Esta postura ha sido cuestionada por expertos en prevención de lavado de activos, quienes señalan que la escribana, como funcionaria pública y sujeto obligado por la Unidad de Información Financiera (UIF), tiene la obligación de realizar una debida diligencia reforzada, especialmente cuando se trata de una persona políticamente expuesta (PEP) como Adorni.
En noviembre de 2023, Nechevenko facilitó un préstamo de 100.000 dólares a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Ese mismo día, Angeletti depositó la suma en el Banco Galicia, agregando 20.000 dólares adicionales del acervo patrimonial familiar. El préstamo, con un interés del 11% anual, debía ser devuelto en noviembre de 2024. Adorni ya devolvió 30.000 dólares, quedando pendientes 70.000. Estos valores fueron volcados en la escritura de la casa en Indio Cuá.
En el caso del departamento de Miró 500, en el barrio de Caballito, Adorni obtuvo una hipoteca privada garantizada por Claudia Sbabo y Beatriz Alicia Veigas, dos jubiladas que deberán prestar declaración testimonial. Cada una proporcionó 100.000 dólares, a los que el matrimonio Adorni-Angeletti aportó 30.000 dólares, completando el valor de la escritura en 230.000 dólares. Nechevenko explicó que la operación no se realizó con dinero en efectivo, sino con una hipoteca privada a favor de las vendedoras, y que el hijo de una de ellas era conocido de Adorni.
Las declaraciones de Nechevenko han generado preocupación en el ámbito judicial, donde se considera que podría haber un incumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activos. Fuentes allegadas al expediente señalaron que se podría estar ante un presunto incumplimiento de la normativa anticipado y de ciertos deberes que no puede pasar por algo una escribana pública . La fiscalía está analizando si corresponde abrir una investigación para determinar si Nechevenko incurrió en algún delito.
La ex integrante de la UIF de la gestión macrista, María Eugenia Talerico, explicó que la escribana tiene la obligación de conocer el origen del dinero utilizado en las operaciones, especialmente cuando se trata de una persona políticamente expuesta. Talerico señaló que la escribana debió haber realizado un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la inusual financiación y el bajo precio de la propiedad en Miró 500. La falta de este reporte podría constituir una infracción a la normativa de prevención de lavado de dinero.
Talerico también destacó el rol del escribano como funcionario público de fe pública, lo que implica un mayor escrutinio sobre su accionar. Consideró que las declaraciones públicas de Nechevenko demuestran una liviandad en el cumplimiento de la normativa antilavado.
Otro escribano de larga trayectoria consultado por Clarín señaló que, ante un cliente considerado de riesgo alto por ser una persona políticamente expuesta, la debida diligencia debe ser reforzada. En el caso de las jubiladas que proporcionaron los préstamos, se cuestiona si contaban con el poder adquisitivo necesario para realizar las operaciones.
La actitud de Nechevenko, quien admitió que para ella Adorni es simplemente Manu , ha encendido alertas en Comodoro Py. La abogada e integrante del Consejo de la Magistratura, Jimena de la Torre, explicó que la Ley 25.246 incluye expresamente a los escribanos entre los sujetos obligados por la UIF, y que la Resolución UIF 242/2023 les exige identificar al cliente, verificar si es una persona expuesta políticamente, requerir declaración jurada sobre la licitud y el origen de los fondos y, según el nivel de riesgo, pedir documentación respaldatoria.
De la Torre enfatizó que la falta de consulta sobre el origen de los fondos no es un detalle menor, sino que constituye el corazón mismo del deber preventivo , especialmente en el caso de un funcionario alcanzado por el régimen de PEP.
En resumen, la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni se ha complicado tras las revelaciones de la escribana Adriana Nechevenko, cuya conducta está siendo analizada por la fiscalía y podría derivar en una investigación penal. El caso pone de manifiesto la importancia de la debida diligencia en la prevención de lavado de activos, especialmente cuando se trata de personas políticamente expuestas.
