Tras dos años de la primera querella en su contra, la exgobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo, sigue sin enfrentar formalizaciones en las investigaciones por presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y cohecho. El Ministerio Público mantiene un estricto hermetismo sobre el estado de las causas, generando incertidumbre y frustración en la región.
Al menos dos procesos penales, iniciados en 2023 y 2024, se arrastran sin avances públicos. La Fiscalía Regional, a través de su Unidad SAC (Análisis Criminal), se limita a confirmar que las investigaciones siguen en curso, pero se niega a proporcionar detalles que puedan entorpecer las diligencias .
En efecto, la querella interpuesta por presuntos delitos de fraude al fisco y otros hechos, como uso de un vehículo fiscal, los viajes y pagos por multas y desvinculaciones, así como la denuncia por presunto delito de cohecho se encuentran actualmente en desarrollo y en reserva , declaró el Ministerio Público a El Día. Esta reserva impide conocer las diligencias concretas realizadas y los resultados obtenidos hasta la fecha.
Las denuncias que originaron estas investigaciones datan de hace años. En 2023, consejeros regionales presentaron una querella por un presunto uso irregular de recursos fiscales, incluyendo viajes internacionales sin justificación, el pago de una multa personal con fondos públicos y el uso indebido de un vehículo fiscal.
Posteriormente, en 2024, el exdiputado Juan Manuel Fuenzalida ingresó una segunda denuncia por presunto cohecho, respaldada por los testimonios de ocho exfuncionarios del Gobierno Regional. Estos exfuncionarios acusaron a Naranjo de haber presionado a sus colaboradores para que aportaran dinero, entre $50.000 y $500.000, para financiar una eventual campaña de reelección.
Según los testimonios, Naranjo habría designado a una funcionaria de confianza como recaudadora , encargada de recolectar los aportes en efectivo y entregárselos directamente a la exgobernadora. Estos actos habrían tenido lugar tanto en la residencia fiscal de Naranjo como en las oficinas del Gobierno Regional.
La falta de información sobre el avance de las investigaciones ha generado críticas y preocupación en la región. El actual gobernador, Cristóbal Juliá, ha reconocido que su administración ha colaborado con la Fiscalía y la Contraloría Regional, proporcionando la información solicitada. Sin embargo, lamenta no haber recibido respuesta sobre el estado de las causas.
Desde que asumió esta administración, se nos ha solicitado información tanto por parte de Fiscalía como de la Contraloría Regional respecto a diversas materias relacionadas con la ex gobernadora. Tenemos conocimiento de al menos 4 procesos por eventuales irregularidades en su gestión. De hecho fuimos nosotros mismos quienes solicitamos información a la Fiscalía sobre la existencia de acciones judiciales en contra de la ex gobernadora. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta , afirmó Juliá.
El gobernador Juliá detalló que las denuncias investigadas incluyen presunta malversación de caudales públicos, fraude al fisco, uso indebido de vehículo fiscal, viajes al extranjero sin justificación, extorsión, cobro de dinero a funcionarios, maltrato y acoso laboral.
Desde el Consejo Regional también se expresa la inquietud por la falta de avances. La consejera y presidenta de la Comisión de Régimen Interno, Paola Cortés, señaló que no han recibido noticias sobre el desarrollo de las investigaciones. Para nosotros, como Consejo Regional, lo importante era la institución y que alguien pudiera quedar a cargo de la región. Sólo nos hemos enfocado en poder priorizar los proyectos , explicó Cortés.
La consejera regional Ximena Ampuero, por su parte, enfatizó la necesidad de cerrar el proceso que marcó la administración anterior. Tenemos que hacer un cierre más bien administrativo y eso es lo que estamos solicitando con la información en las respectivas instituciones. Estamos a la espera de que de una vez por todas podamos cerrar un ciclo en este Gobierno Regional , expresó Ampuero.
La destitución de Krist Naranjo por notable abandono de deberes, producto de las primeras denuncias, generó un fuerte impacto político en la región. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los antecedentes, las investigaciones se mantienen en una etapa inicial, sin formalizaciones ni resultados concretos.
La reserva impuesta por el Ministerio Público dificulta el seguimiento del caso y prolonga un escenario de incertidumbre que persiste en la Región de Coquimbo. La ciudadanía y las autoridades locales esperan que se avance en las investigaciones y se esclarezcan las presuntas irregularidades cometidas durante la administración de Krist Naranjo. La falta de transparencia y la lentitud del proceso judicial alimentan la desconfianza y dificultan la recuperación de la credibilidad de las instituciones públicas en la región. La espera por respuestas continúa, mientras la sombra de las acusaciones sigue planeando sobre la política local.
