La empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), ha denunciado públicamente lo que considera un intento del Gobierno Nacional de tomar control del 40% de su paquete accionario. La alerta surge tras la circulación en redes sociales de una denuncia presentada por Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la empresa Veranera, ante la Fiscalía General del Estado.
Según GRANASA, esta acción forma parte de una estrategia para afectar su independencia y doblegar la línea editorial de sus medios. La compañía califica la situación como un nuevo intento de hostigamiento y amedrentamiento , señalando que sus directivos aún no han recibido notificación formal de las autoridades judiciales.
La denuncia se produce en un contexto de tensiones previas con entidades estatales. GRANASA se encuentra actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Compañías, un proceso que sus directivos consideran irregular. La empresa ha enfrentado acusaciones de fraude tributario y lavado de activos, las cuales descarta como infundadas, así como una intervención administrativa que, según su versión, ha afectado su funcionamiento.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) también difundió información sobre una presunta defraudación tributaria, lo que GRANASA considera parte de una secuencia de acciones destinadas a debilitar su estabilidad financiera y reputacional. La reciente controversia se centra en la denuncia de Veranera, que buscaría involucrar a los directivos de GRANASA en un proceso judicial que facilitaría el traspaso de acciones al Estado.
La compañía sostiene que estos mecanismos carecen de sustento técnico y responden a intereses políticos, enfatizando que, a pesar de las acciones emprendidas, no han logrado alterar su postura informativa. GRANASA ha reiterado su defensa de la propiedad privada y la libertad de prensa, haciendo un llamado a organismos internacionales de derechos humanos para que se mantengan vigilantes ante el desarrollo de este caso. La eventual toma de control accionario por parte del Estado, según la empresa, representaría un riesgo para la independencia de sus medios y sentaría un precedente peligroso.
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