La Administración Central del Estado se prepara para una profunda reestructuración con la entrada en vigor del Decreto 127, De las Instituciones Presupuestadas , publicado este miércoles en la Gaceta Oficial. La norma, que comenzará a aplicarse en 30 días, busca optimizar el uso de los recursos estatales y elevar la eficiencia de la administración pública, en consonancia con el Programa Económico Social del Gobierno para 2026.
Según Berta Iris Rojas Gatorno, directora de política financiera del Ministerio de Finanzas y Precios, el decreto abarca a más de 2,400 unidades presupuestadas a nivel nacional, que representan más del 50% de la fuerza laboral del sector. El objetivo principal es redimensionar la administración, perfeccionar sus estructuras y disminuir la carga que suponen los gastos administrativos para el presupuesto del Estado.
Entre las medidas clave, se destaca la eliminación de cargos no vinculados a funciones específicas, limitando su presencia a un máximo del 30% de la plantilla, lo que permitirá estructuras más planas y transparentes. La aprobación de la creación, fusión, extinción o traspaso de entidades ahora recaerá en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Finanzas y Precios, en lugar del Ministerio de Economía y Planificación.
Asimismo, se descentralizan facultades, permitiendo a los jefes de órganos y entidades aprobar actividades autofinanciadas para una gestión más ágil. Las unidades presupuestadas con tratamiento especial tendrán mayor autonomía para diseñar su organización salarial y aplicar sistemas de pago más flexibles, especialmente aquellas que logren autofinanciar sus gastos.
Guillermo Sarmiento Cabanas, director de organización del trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, enfatizó que el decreto establece un marco regulatorio integral para el sistema presupuestado, buscando una mayor racionalidad en el uso de los recursos humanos y un incremento de los ingresos de los trabajadores.
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