La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) se encuentran en una disputa legal y administrativa por el control de la recolección de desechos en el distrito. La controversia se intensificó tras una evaluación de la Procuraduría de la Administración que sugiere que la asunción de funciones por parte de la AAUD podría ser ilegal, aunque la AAUD defiende su intervención y espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Hernández ha presentado una demanda de ilegalidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, buscando la anulación de la resolución que permitió a la AAUD asumir responsabilidades que, según la alcaldesa, son propias de los municipios. Estas funciones incluyen el cobro de la tasa de aseo y la gestión de la recolección de residuos. La alcaldesa argumenta que esta medida atenta contra la autonomía municipal y perjudica los ingresos presupuestados del distrito de San Miguelito.
La alcaldía ha aclarado que el proceso legal está en curso, con etapas pendientes como la presentación de pruebas, los alegatos de ambas partes y, finalmente, el fallo de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, la alcaldesa Hernández mantiene su postura de que la AAUD ha excedido sus competencias.
Por su parte, Ovil Moreno, administrador de la AAUD, justifica la intervención de la autoridad en San Miguelito debido a la acumulación de desechos sólidos que se estaba registrando en el distrito. Moreno afirma que la AAUD tomó el control del servicio con el objetivo de abordar la emergencia sanitaria y asegurar la recolección continua de la basura, protegiendo así la salud pública de los residentes.
Moreno reconoce el pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración, pero insiste en la necesidad de esperar la decisión final de la CSJ. Mientras tanto, la AAUD continuará proporcionando el servicio de recolección de basura tanto en la ciudad capital como en San Miguelito.
La intervención de la AAUD comenzó en enero, cuando la autoridad asumió el control del servicio debido a las limitaciones logísticas y de transporte que enfrentaba el municipio para garantizar una recolección y disposición adecuada de los residuos. La AAUD argumenta que la situación en San Miguelito requería una acción inmediata para evitar un problema de salud pública mayor.
La disputa entre la alcaldía y la AAUD refleja una tensión más amplia sobre la distribución de responsabilidades y recursos en la gestión de los servicios públicos en Panamá. La autonomía municipal es un tema recurrente en el debate político, y este caso específico pone de manifiesto las dificultades que pueden surgir cuando diferentes entidades gubernamentales tienen visiones divergentes sobre cómo abordar los problemas de infraestructura y servicios básicos.
La resolución de este conflicto dependerá en gran medida de la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, los residentes de San Miguelito se encuentran en una situación de incertidumbre, ya que el futuro de la recolección de basura en el distrito está en juego. La AAUD asegura que continuará brindando el servicio, pero la alcaldía insiste en que la intervención es ilegal y perjudicial para los intereses del municipio.
El caso también plantea interrogantes sobre la capacidad de los municipios para gestionar eficazmente los servicios públicos, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como San Miguelito. La falta de capacidad logística y de transporte, mencionada por la AAUD como una de las razones para la intervención, podría indicar la necesidad de una mayor inversión en infraestructura y recursos para los municipios.
La Procuraduría de la Administración, al señalar la posible ilegalidad de la acción de la AAUD, ha añadido una capa adicional de complejidad al conflicto. Su evaluación sugiere que la AAUD podría haber excedido sus facultades al asumir funciones que corresponden a los municipios, lo que podría tener implicaciones legales y financieras para la autoridad.
En resumen, la disputa entre la alcaldesa Hernández y el administrador Moreno representa un choque de intereses y visiones sobre la gestión de los residuos en San Miguelito. La resolución de este conflicto requerirá una cuidadosa consideración de los argumentos de ambas partes y una decisión clara por parte de la Corte Suprema de Justicia que respete la autonomía municipal y garantice la protección de la salud pública. La situación actual subraya la importancia de una coordinación efectiva entre las diferentes entidades gubernamentales para garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos.
