El Gobierno nacional convocó a una reunión de urgencia con las empresas de colectivos para intentar destrabar el conflicto que amenaza con afectar el servicio en varias líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La cita, que se realizará el próximo jueves a las 11 en la Secretaría de Transporte, tendrá como eje central la discusión sobre la estructura de precios y los subsidios al sector.
La crisis actual se originó a raíz del fuerte incremento en el precio del gasoil, que en las últimas semanas experimentó un aumento de entre el 20% y el 25%, e incluso se multiplicó entre 3 y 5 veces en un corto período de tiempo. Este aumento, a su vez, está vinculado a la inestabilidad internacional generada por el conflicto en Medio Oriente, que impactó en el precio del barril de crudo Brent, pasando de u$s65 a más de u$s100.
Las empresas de colectivos, tanto de jurisdicción nacional como provincial, ya comenzaron a reducir la frecuencia de los servicios, en algunos casos hasta en un 30%, como medida de protesta ante la falta de actualización de costos por parte de las autoridades. La situación ha generado preocupación entre los usuarios y ha puesto en alerta al Gobierno, que busca evitar que el conflicto se extienda más allá de este jueves.
El debate sobre la estructura de precios y subsidios es un tema recurrente desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Las compañías del sector han reclamado insistentemente la inclusión del aumento de los combustibles y una asignación adicional en concepto de anticipo correspondiente a abril en el cálculo de costos. En este sentido, enviaron una carta al secretario de Transporte, Fernando Herrmann, solicitando una revisión de la fórmula actual.
Herrmann, quien asumió su cargo en enero de 2026, se enfrenta a su primer desafío importante en el sector del transporte. La reunión del jueves se presenta como una oportunidad crucial para encontrar una solución que evite el colapso del sistema de colectivos.
Los voceros de la Unión de Trabajadores del Automóvil (UTA) advirtieron sobre las consecuencias de la falta de pago a los choferes. Si los choferes no cobran, no van a salir a trabajar. Le mandamos una carta al Ministerio para que paguen, pero no están pagando los sueldos y chofer que no cobra, no sale. Hoy y mañana van a ser los días clave, pero si el dueño de la empresa cierra las puertas, los choferes no tienen los colectivos , señalaron.
Las empresas argumentan que el Gobierno está utilizando un precio del gasoil de $1744,15 por litro para calcular la estructura de costos, mientras que el precio actual se estima en $1915 por litro, lo que representa una diferencia del 9,8%. Esta discrepancia, según las empresas, es la principal causa de la crisis.
Luciano Fusaro, titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), afirmó que la reducción de frecuencia es ajena a nuestra voluntad . Nosotros queremos normalizar esta situación, pero para ello necesitamos las herramientas y esperamos encontrarlas en las próximas reuniones , declaró en diálogo con TN.
El miércoles, cuarto día hábil del mes, está estipulado el pago de subsidios por parte del Gobierno. Sin embargo, la reunión técnica con las cámaras, que inicialmente estaba programada para el día de hoy, fue pospuesta hasta el jueves a las 11 en el edificio del Ministerio de Economía.
La reprogramación del encuentro se debió a una solicitud de las cámaras, que pidieron que también participe el gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la reunión. Esta solicitud refleja la necesidad de una solución integral que involucre a todas las partes interesadas.
La situación es tensa y el futuro del transporte público en el AMBA está en juego. El Gobierno se enfrenta a la presión de las empresas, los trabajadores y los usuarios, y debe encontrar una solución que sea sostenible a largo plazo. La reunión del jueves se presenta como un punto de inflexión en esta crisis, y se espera que las partes lleguen a un acuerdo que evite un mayor deterioro del servicio.
El impacto de la crisis del transporte público se sentiría en todos los sectores de la sociedad, especialmente en aquellos que dependen del colectivo para sus desplazamientos diarios. La falta de transporte afectaría la productividad, el comercio y la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno y las empresas lleguen a un acuerdo que garantice la continuidad del servicio.
La incertidumbre sobre el futuro del transporte público ha generado preocupación entre los usuarios, quienes temen que la reducción de frecuencia se traduzca en mayores demoras y hacinamiento en las unidades. Algunos usuarios ya han comenzado a buscar alternativas de transporte, como el automóvil particular o las aplicaciones de movilidad, lo que podría agravar el problema del tráfico en la ciudad.
La crisis del transporte público también podría tener un impacto en la economía, ya que afectaría la actividad comercial y turística. La falta de transporte dificultaría el acceso a los centros de consumo y podría reducir el número de visitantes a la ciudad.
En resumen, la situación es compleja y requiere una solución urgente. El Gobierno debe actuar con rapidez y determinación para evitar que el conflicto se extienda y para garantizar la continuidad del servicio de colectivos. La reunión del jueves se presenta como una oportunidad crucial para encontrar una solución que beneficie a todas las partes interesadas.
