La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha intensificado sus críticas hacia el reciente informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), que califica la situación en México como una práctica sistemática y generalizada de este delito. En su conferencia matutina del martes, Sheinbaum reiteró su postura, enfatizando que la mayoría de las desapariciones que ascienden a decenas de miles son perpetradas por organizaciones criminales, no por el Estado, y resaltó los esfuerzos de su gobierno para combatir el crimen y localizar a las víctimas. Estamos trabajando en ello y queremos erradicar ese delito , afirmó, añadiendo que su administración está colaborando en la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, un aspecto que, según ella, no fue considerado en el análisis del Comité.
Sheinbaum expresó su preocupación por un posible trasfondo político en la intención del CED de elevar el asunto a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un documento que, al leerlo, revela una clara orientación hacia la crítica del Gobierno de México y la presentación de una posición en la Asamblea General que consideramos innecesaria, dado que estamos abordando el tema , declaró. Cuestionó la falta de reconocimiento por parte del Comité de los avances realizados por su gobierno en la materia, preguntando: Si no estuviéramos actuando, si estuviéramos cruzados de brazos, si no nos importara esta situación, si no acompañáramos a las víctimas, si no hubiéramos hecho nada ¿por qué no hay un reconocimiento de este Comité de expertos de lo que ha hecho el Gobierno de México?
El informe del CED, publicado la semana pasada, describe la desaparición forzada en México como un crimen de lesa humanidad que se ha agravado, debido a la persistencia de condiciones estructurales que fomentan la impunidad. El documento detalla casos en los que han estado involucrados funcionarios de los niveles local, estatal y federal, lo que sugiere, según el Comité, que algunas autoridades son cómplices directos o son incapaces de cumplir con sus responsabilidades de investigación.
Sheinbaum refutó esta afirmación, insistiendo en que el Estado mexicano existe y no está rebasado, y se actúa en un fenómeno, delitos que se presentaron a partir de la guerra contra el narco y el fortalecimiento de ciertos grupos delictivos de aquella época .
Según cifras oficiales, existen más de 133.000 personas reportadas como desaparecidas en México. No obstante, el gobierno de Sheinbaum ha realizado una revisión de estos registros, determinando que solo un tercio de ellos 43.128 corresponden a personas en esa situación, mientras que el resto incluye nombres de individuos que han reportado actividad posterior o fueron registrados con datos insuficientes para iniciar una búsqueda efectiva. Sheinbaum aseguró que el informe del CED se basa en un análisis limitado de casos, concentrado en cuatro estados y en periodos anteriores a la llegada de Morena al poder en 2018. Sin embargo, la realidad es que el informe también documenta miles de desapariciones ocurridas después de 2018 en otros estados del país.
La presidenta también rechazó la extrapolación que realiza la ONU al considerar las desapariciones como crímenes de lesa humanidad. Además, acusó al informe del CED de no reconocer la creación de comisiones gubernamentales de búsqueda, fiscalías especializadas y la aprobación de leyes relacionadas con la materia, así como el apoyo brindado a los colectivos de familiares de desaparecidos un punto que ha sido cuestionado por los propios colectivos. Nada más hay que leer las conclusiones para saber que no están reconociendo el esfuerzo del Gobierno de México para ello , concluyó Sheinbaum.
La controversia se centra en la interpretación de la responsabilidad del Estado en las desapariciones. Mientras que el CED señala la complicidad o incapacidad de las autoridades, el gobierno mexicano insiste en que la principal responsabilidad recae en las organizaciones criminales y destaca sus esfuerzos para combatir la impunidad y encontrar a las víctimas. La tensión entre ambas partes podría escalar si el CED decide llevar el asunto a la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que podría generar una mayor presión internacional sobre México. La situación plantea un desafío significativo para el gobierno de Sheinbaum, que busca demostrar su compromiso con la justicia y la protección de los derechos humanos, al tiempo que defiende su estrategia de seguridad y combate al crimen organizado. El debate sobre la naturaleza y el alcance de las desapariciones en México continúa siendo un tema central en la agenda política y social del país, con implicaciones profundas para las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto. La resolución de este conflicto requiere un diálogo constructivo y una colaboración efectiva entre el gobierno mexicano, las organizaciones internacionales y la sociedad civil, con el objetivo de garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la desaparición forzada.
