El Congreso debate un proyecto de ley que busca nivelar progresivamente los salarios de los trabajadores bajo el régimen Contrato Administrativo de Servicios (CAS), equiparándolos a los regímenes 276 y 728. La iniciativa, que podría generar un impacto significativo en las finanzas públicas, ha desatado una ola de críticas y advertencias por parte de economistas y expertos en derecho laboral.
La propuesta legislativa busca “garantizar el principio de igualdad remunerativa por trabajo de igual valor”, pero su implementación, estimada en un plazo máximo de cinco años, plantea serias interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal. Claudia Sícoli, de la UPC, advierte sobre la necesidad de reasignaciones presupuestarias, mientras que Bill Gee, de ESAN University, prevé un “desfalque de recursos inevitable”, sumándose a las preocupaciones expresadas previamente por Julio Velarde, presidente del BCRP, quien considera que estas medidas debilitan las acciones del nuevo gobierno.
Las recientes leyes que otorgan a los trabajadores CAS el derecho a gratificaciones y CTS agudizan aún más la situación. Cálculos preliminares estiman que el pago de aguinaldos costaría S/ 1,809 millones y la CTS, S/ 1,055 millones anuales, presionando el objetivo de reducir el déficit fiscal.
Expertos como Daniel Paniura, de PPU, cuestionan la claridad del proyecto y advierten sobre la posibilidad de que las remuneraciones de los CAS ya sean superiores a las de otros regímenes, generando una paradoja en la justificación de mantener distintos sistemas laborales. César Abanto, del Tribunal de Servir, critica la idea de nivelar cargos dispares, enfatizando la importancia de reconocer las diferencias funcionales.
A pesar de que el artículo 7 del proyecto asegura que no se demandarán recursos adicionales al Tesoro, Paniura considera que se requiere un estudio actuarial y financiero sólido para sustentar esta afirmación, denunciando un “nivel de irresponsabilidad fiscal” que prioriza el rédito político sobre la sostenibilidad financiera.
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