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BORRASCAS E INCENDIOS: 13 Comunidades Autónomas Declaradas Zonas Gravemente Afectadas

BORRASCAS E INCENDIOS: 13 Comunidades Autónomas Declaradas Zonas Gravemente Afectadas
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El Gobierno ha aprobado este martes la declaración como zona gravemente afectada a territorios de trece comunidades autónomas que sufrieron daños a causa de las recientes borrascas e incendios forestales ocurridos entre el 10 de febrero y el 30 de marzo. La decisión, anunciada tras el Consejo de Ministros, busca movilizar ayudas para paliar las consecuencias de estos fenómenos adversos.

Según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión, el periodo comprendido entre esas fechas se caracterizó por una fuerte inestabilidad atmosférica y una sucesión de distintos fenómenos adversos de distinta naturaleza . La portavoz del Gobierno, Ana Redondo, detalló que la declaración afecta a la gran mayoría del territorio nacional, concretamente a zonas de Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja, Murcia y el País Vasco.

La ministra Saiz ejemplificó la situación mencionando los efectos de las borrascas Neil y Therese, así como el reciente incendio forestal en Sierra Espuña (Murcia), que devastó más de 400 hectáreas de terreno. La declaración como zona gravemente afectada implica la activación de ayudas específicas destinadas a cubrir daños personales y materiales en viviendas e incluso enseres domésticos.

Más allá de la asistencia directa a particulares, la medida también contempla la asignación de fondos a las corporaciones locales, a las empresas afectadas y a la reparación de infraestructuras públicas. Esto incluye la restauración de redes viarias provinciales e insulares, así como otras infraestructuras municipales. El objetivo, según el Gobierno, es facilitar la recuperación de las zonas afectadas y minimizar el impacto económico y social de estos desastres naturales.

Esta aprobación se produce tras el anuncio realizado el lunes por el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante una visita al municipio grancanario de Valsequillo. La visita de Torres a Gran Canaria, una de las islas más afectadas por las recientes tormentas, sirvió para constatar los daños y anunciar las medidas que el Gobierno estaba dispuesto a adoptar para ayudar a la población y a las administraciones locales.

La declaración de zona gravemente afectada es un primer paso crucial para acceder a los fondos y recursos necesarios para la reconstrucción y la recuperación. Las comunidades autónomas afectadas deberán ahora presentar sus solicitudes de ayuda, detallando los daños sufridos y las necesidades específicas de cada zona. El Gobierno central se compromete a estudiar estas solicitudes con la máxima celeridad y a garantizar que los fondos se distribuyan de manera eficiente y transparente.

La situación generada por las borrascas y los incendios ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de algunas zonas del país ante los fenómenos meteorológicos extremos. El Gobierno ha reiterado su compromiso con la prevención de riesgos y la adaptación al cambio climático, y ha anunciado que se estudiarán medidas adicionales para reforzar la protección de la población y de las infraestructuras.

La ministra Saiz hizo hincapié en la importancia de la coordinación entre las diferentes administraciones públicas para hacer frente a estas situaciones de emergencia. En este sentido, anunció que se establecerán mecanismos de colaboración más estrechos entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante futuros desastres naturales.

La declaración de zona gravemente afectada es una herramienta fundamental para movilizar recursos y ayudas en situaciones de emergencia. El Gobierno espera que esta medida contribuya a aliviar las consecuencias de las recientes borrascas e incendios y a facilitar la recuperación de las zonas afectadas. La situación exige un esfuerzo conjunto de todas las administraciones públicas y de la sociedad en su conjunto para hacer frente a los desafíos que plantea el cambio climático y proteger a la población de los riesgos naturales.

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