A un año de la tragedia ocurrida durante el festival AXE Ceremonia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha anunciado que posee todos los elementos necesarios para imputar a los responsables de la muerte de los fotoperiodistas Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández. La caída de una plataforma tipo tijera en el Parque Bicentenario, el 5 de abril de 2025, causó la muerte de ambos profesionales mientras cubrían el evento.
En una conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde Luján detalló que la investigación ha sido muy rigurosa y ha permitido identificar las diferentes responsabilidades involucradas en el incidente. La FGJCDMX ha solicitado la audiencia inicial para imputar a una amplia gama de actores, incluyendo a los organizadores del AXE Ceremonia, las empresas encargadas de la elaboración y supervisión del plan de Protección Civil, al responsable directo de dicha supervisión, así como a la empresa que contrató la instalación de la grúa y a la que colocó la estructura.
Hasta el momento, tres empresas han sido señaladas como presuntas responsables en el caso. La fiscal Alcalde Luján explicó que, a pesar de los avances en la investigación y la preparación para la imputación, el proceso se ha visto obstaculizado por la asesoría jurídica de una de las víctimas, quien ha solicitado de manera reiterada el diferimiento de la audiencia inicial.
Según información publicada por *La Razónel pasado 18 de marzo, la empresa Operadora Eclectic, S.A. de C.V., y los abogados de la familia de Berenice Giles Rivera, incluyendo un servidor público de la Ciudad de México, han contribuido al retraso en la judicialización del caso.
Entendemos que están revisando, ellos han dicho, entre otras cosas, se les ha otorgado los mecanismos de mediación para lograr un acuerdo reparatorio, que es una de las vías que permite el derecho penal en estos casos de homicidio culposo , señaló la fiscal. Sin embargo, también reconoció que existe descontento de una de las víctimas , quienes incluso han presentado una denuncia contra sus propios asesores jurídicos, acusándolos de estar retrasando la administración de justicia.
La fiscal Alcalde Luján enfatizó que se han ofrecido mecanismos de mediación para alcanzar un acuerdo reparatorio entre las partes, una opción contemplada en el derecho penal para casos de homicidio culposo. No obstante, la falta de consenso y las acciones legales emprendidas por la asesoría jurídica de una de las víctimas han complicado el avance del proceso.
La FGJCDMX insiste en que cuenta con pruebas suficientes para proceder con la imputación y llevar a los responsables ante la justicia. La investigación ha abarcado diversos aspectos, desde la seguridad del evento y la revisión de los protocolos de Protección Civil, hasta la contratación de las empresas encargadas de la instalación de la estructura que colapsó.
El caso ha generado gran conmoción en el ámbito periodístico y ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar la seguridad de los profesionales de la comunicación que cubren eventos masivos. La muerte de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández ha reabierto el debate sobre las responsabilidades de los organizadores de eventos y la necesidad de implementar medidas de seguridad más estrictas para proteger a los asistentes y a los medios de comunicación.
La fiscalía se mantiene firme en su compromiso de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, a pesar de los obstáculos y retrasos que se han presentado. La búsqueda de la verdad y la reparación del daño a las familias de las víctimas son prioridades para la FGJCDMX, que espera poder avanzar en el proceso judicial en los próximos días. La comunidad periodística y la sociedad en general esperan que se haga justicia y que se establezcan las responsabilidades correspondientes para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro. La demora en el proceso judicial ha generado frustración y desconfianza en el sistema de justicia, y se espera que las autoridades tomen medidas para agilizar el caso y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones.
