El Gobierno de Bolivia ha dado un paso firme contra la corrupción al anular, a través de un decreto, 161 normas que permitían la contratación directa en la construcción de obras públicas. La medida, anunciada este lunes, busca erradicar un sistema que, según las autoridades, manejó alrededor de 1.235 millones de dólares durante los últimos 20 años, abarcando los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
El presidente Rodrigo Paz describió el decreto como un ataque directo a un modelo, a una ideología de la corrupción y a un sistema que sostenía esa ideología de la corrupción que se desarrolló durante 20 años . Acompañado por los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, Paz enfatizó que la normativa anulada facilitaba el desvío de fondos públicos a través de contrataciones sin licitación y sin controles adecuados.
Según el Gobierno, los 161 decretos anulados permitieron la movilización de 1.235 millones de dólares. Paz detalló que 105 de estos decretos otorgaban una amplia libertad en el manejo de recursos estatales para diversos proyectos, citando como ejemplo la construcción del Museo de Orinoca, dedicado a Evo Morales, cuyo costo ascendió a aproximadamente 8 millones de dólares.
La administración actual denuncia que la contratación directa se convirtió, en numerosos casos, en sinónimo de corrupción. Se señalan irregularidades en la construcción de hospitales, escuelas y otras infraestructuras, donde las adjudicaciones se basaban en relaciones políticas y no en procesos transparentes. Paz afirmó que para obtener contratos millonarios sin proceso de verificación y sin control era ser amigo, pariente o del partido .
El presidente Paz considera que la normativa que permitía estas prácticas corruptas era un verdadero incentivo para las disputas políticas por el control de las gobernaciones y municipios. Esto se acabó. Estamos derrotando al Estado tranca, al Estado cloaca , subrayó, en referencia a la eliminación de las estructuras que facilitaban la corrupción.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que el sistema de corrupción afectó directamente a la población, resultando en hospitales que no funcionan o que quedaron a medio construir, y en una gran cantidad de infraestructura millonaria abandonada o elefantes blancos por todas partes , como varios aeropuertos sin flujo comercial significativo.
El Gobierno tomó la decisión de no mirar a un costado y eliminar este Estado cloaca en donde se malversó toda esta cantidad de recursos , enfatizó Lupo. Anunció que, en adelante, todas las contrataciones del Estado serán transparentes, se eliminarán los mecanismos que permitían el direccionamiento de los procesos y se realizará una auditoría exhaustiva de todas las adjudicaciones realizadas en el pasado.
La decisión del Gobierno boliviano representa un intento significativo por abordar la corrupción sistémica que, según las autoridades, ha afectado al país durante dos décadas. La anulación de los decretos que permitían la contratación directa es un paso crucial para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.
La medida busca establecer un nuevo estándar en la contratación pública, donde la competencia, la transparencia y la legalidad sean los principios rectores. Se espera que la auditoría de las adjudicaciones pasadas revele la magnitud de las irregularidades y permita llevar a los responsables ante la justicia.
El Gobierno de Bolivia ha manifestado su compromiso de fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción y de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente en beneficio de la población. La eliminación del sistema de contratación directa es un paso importante en esta dirección, pero las autoridades reconocen que aún queda mucho por hacer para erradicar la corrupción de manera definitiva.
La anulación de los decretos ha generado reacciones diversas en el país. Mientras que algunos sectores han aplaudido la medida como un paso necesario para combatir la corrupción, otros han expresado preocupación por el posible impacto en la ejecución de proyectos de infraestructura. El Gobierno ha asegurado que la transparencia y la eficiencia en la contratación pública permitirán llevar a cabo los proyectos necesarios sin comprometer la integridad de los recursos públicos.
La Agencia EFE, fuente original de esta información, ha seguido de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Bolivia y ha informado sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la corrupción. La decisión de anular los decretos que permitían la contratación directa es un ejemplo del compromiso del Gobierno de Bolivia con la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.
