En medio del impacto generado por la muerte de una inspectora en un liceo de Calama, el gremio docente a nivel nacional convocó a una jornada de reflexión, duelo y manifestación para visibilizar el rechazo a la violencia en los espacios educativos. La acción, que se extendió a la Región de Magallanes, incluyó el uso de vestimenta negra o cintas del mismo color, la instalación de globos y pancartas en los establecimientos, y manifestaciones frente a los colegios, complementadas con instancias de recogimiento y reflexión.
Desde el directorio regional del Colegio de Profesoras y Profesores se reforzó el llamado a adherir a estas acciones, enfatizando la necesidad de no normalizar la violencia en las escuelas y de no enfrentar estas situaciones en soledad. Los docentes demandan respuestas urgentes del Estado, argumentando que su labor es educar, pero también merecen condiciones dignas, seguras y respetuosas para ejercerla. Se destacó el carácter colectivo de la movilización, señalando que cada gesto cuenta para visibilizar lo que estamos viviendo como profesoras y profesores .
La dirigenta regional del Magisterio, Alicia Aguilante, abordó el contexto estructural del problema, advirtiendo que, si bien existe un marco normativo, este resulta insuficiente frente a la realidad que enfrentan las comunidades educativas. Valoramos que existe una ley de convivencia escolar, porque establece un marco y reconoce la importancia de abordar la violencia en el establecimiento. Sin embargo, por sí sola no es suficiente para prevenir la violencia , afirmó. Aguilante explicó que las leyes son importantes, pero su efectividad depende de que vengan acompañadas de recursos concretos, equipos profesionales suficientes y apoyo real a las comunidades educativas, de lo contrario, terminan quedándose en el papel .
La falta de equipos especializados fue señalada como una limitación clave en la capacidad de respuesta ante situaciones complejas. Muchos establecimientos, según la dirigenta, no cuentan con profesionales como psicólogos o trabajadores sociales que permitan una intervención oportuna. Desde esta perspectiva, Aguilante enfatizó que la prevención requiere un abordaje integral que considere tanto el acompañamiento emocional como herramientas concretas para el profesorado. La necesidad de un apoyo psicológico y social tanto para los estudiantes como para los docentes se hizo evidente en el contexto del duelo y la movilización.
La discusión se extendió al ámbito de las políticas públicas, donde Aguilante planteó que más que sólo leyes, lo que necesitamos como país es voluntad política para implementar medidas efectivas y sostenidas en el tiempo . La seguridad en la escuela, según su análisis, no se logra únicamente con normas, sino con comunidades educativas acompañadas, protegidas y fortalecidas. En ese sentido, remarcó la necesidad de una respuesta articulada entre distintos sectores del Estado, particularmente en salud y educación. La colaboración intersectorial se considera fundamental para abordar las causas subyacentes de la violencia y ofrecer soluciones integrales.
Asimismo, Aguilante planteó que la situación evidenciaba problemáticas más profundas en la niñez y juventud, indicando que los estudiantes llegan a los establecimientos con múltiples afectaciones que requieren intervención especializada. En este contexto, el rol del sistema de salud fue considerado fundamental en las primeras etapas, antes de que los casos escalaran al ámbito educativo. La detección temprana y el apoyo a los estudiantes con vulnerabilidades emocionales o sociales se presentan como una estrategia clave para prevenir la violencia en las escuelas.
La muerte de la inspectora en Calama, cuyo nombre no fue revelado en la fuente, ha generado una profunda conmoción en el gremio docente y ha reabierto el debate sobre la seguridad en los establecimientos educacionales. La jornada de reflexión y manifestación convocada por el Colegio de Profesoras y Profesores busca no solo expresar el duelo y el rechazo a la violencia, sino también presionar al Estado para que tome medidas concretas para proteger a los docentes y a los estudiantes.
La movilización en Magallanes, al igual que en otras regiones del país, se realizó de manera pacífica y respetuosa, pero con un claro mensaje de exigencia. Los docentes demandan que se les escuche y que se les dote de las herramientas necesarias para hacer frente a la violencia en las escuelas. La falta de recursos, la escasez de profesionales especializados y la ausencia de políticas públicas efectivas son algunos de los problemas que se plantean como obstáculos para garantizar un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje.
La dirigenta regional del Magisterio, Alicia Aguilante, enfatizó que la situación actual no puede seguir siendo normalizada. La violencia en las escuelas es un problema grave que requiere una respuesta urgente y coordinada por parte de todos los actores involucrados. La seguridad de los docentes y los estudiantes debe ser una prioridad para el Estado, y se deben destinar los recursos necesarios para garantizarla. La jornada de reflexión y manifestación es un llamado de atención a las autoridades y a la sociedad en general, para que se tomen medidas concretas para prevenir la violencia en las escuelas y proteger a las comunidades educativas.
La movilización también busca generar conciencia sobre la importancia de abordar las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza, la desigualdad social y la falta de oportunidades. Los docentes argumentan que la violencia en las escuelas es un reflejo de los problemas que existen en la sociedad, y que para solucionarla es necesario abordar estos problemas de manera integral. La colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad es fundamental para crear un ambiente seguro y propicio para el desarrollo de los estudiantes.
El Colegio de Profesoras y Profesores se ha comprometido a seguir trabajando en la defensa de los derechos de los docentes y de los estudiantes, y a exigir al Estado que tome medidas concretas para garantizar la seguridad en las escuelas. La muerte de la inspectora en Calama ha sido un duro golpe para el gremio docente, pero también ha servido para fortalecer la determinación de luchar por un ambiente educativo seguro y respetuoso para todos.
