Nueve años después de admitir pagos ilícitos en el escándalo Blue Apple, constructoras panameñas como Meco, Bagatrac, Rodsa e Ingeniería REC continúan siendo contratadas por el Estado, acumulando millones de dólares a través de licitaciones y contrataciones directas, especialmente en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). La situación plantea serias interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de control y la transparencia en la contratación pública en Panamá.
Constructora Meco, actualmente ejecuta la ampliación del Corredor de las Playas, un proyecto valorado en $228.4 millones, concentrando una parte significativa de las adjudicaciones registradas en los primeros meses de 2026. En 2025, la empresa también se benefició de 17 contratos directos, otorgados en apenas dos días (11 y 12 de febrero), por un total de $10.6 millones, bajo la justificación de emergencia ambiental para la rehabilitación de caminos y la construcción de zarzos en la comarca Ng be Buglé.
El vínculo de Meco con Blue Apple es directo. Carlos Cerdas, su dueño y apoderado, admitió ante la fiscalía anticorrupción haber pagado aproximadamente $9.4 millones en sobornos para agilizar trámites y desembolsos de obra durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Estos pagos se realizaban a través de la sociedad canasta Blue Apple Services, Inc., representando entre el 5% y el 10% del valor bruto de sus contratos con el MOP, bajo el concepto de ayuda política .
En 2017, Cerdas suscribió un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, que le otorgó beneficios, incluyendo la no imputación de cargos en su contra. Sin embargo, su historial judicial no termina ahí. En 2021, fue detenido en el marco del caso Cochinilla , una investigación por presuntos sobornos en contratos de obras públicas en Costa Rica. Para evitar la prisión preventiva, debió pagar una fianza cercana a los $5 millones y se le impuso el uso de un brazalete electrónico. El proceso penal en Costa Rica aún está en curso, mientras que en Panamá, la empresa que dirige continúa ejecutando contratos públicos millonarios.
El esquema de corrupción se repitió con otras empresas. Bagatrac acumuló $42.8 millones en 14 contratos con el MOP en 2025, de los cuales $8.9 millones fueron adjudicados directamente invocando la emergencia ambiental. Su presidente, Alberto Jurado, confesó el pago de coimas por casi $3 millones en Blue Apple, al igual que Cerdas, suscribiendo un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía para obtener beneficios procesales a cambio de información sobre el esquema.
A pesar de estos antecedentes, Jurado ha sido electo en dos ocasiones consecutivas (desde 2019) como representante de corregimiento de Tijeras, en el distrito de Boquerón, Chiriquí, por la libre postulación. La dualidad entre su rol político y empresarial, sumada a su confesión de pago de coimas, no ha impedido su acceso a contratos públicos. Durante la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), Bagatrac acumuló más de $219 millones entre 2021 y 2023, según un informe del MOP. Varias de las órdenes de proceder de estos contratos fueron entregadas personalmente por Cortizo. Una investigación periodística reveló además que Bagatrac fue donante de la campaña presidencial de Cortizo por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en 2019.
El Código Electoral vigente en 2019 permitía a las empresas contratistas del Estado realizar donaciones a campañas políticas, siempre y cuando fueran reportadas al Tribunal Electoral. Esta normativa abrió la puerta a que compañías con contratos públicos financiaran candidaturas.
En la actual administración de José Raúl Mulino, en noviembre de 2024, el MOP solicitó a la Asamblea Nacional la aprobación para traslados de partida por unos $24 millones a favor de Bagatrac, y también solicitó el aval para pagar $37 millones a Constructora Meco.
El 19 de marzo, Jurado, conocido como Beto Bagatrac , fue abanderado en la cabalgata en honor a San José en Chiriquí, donde realizó un despliegue de fuegos artificiales, se subió a una tarima y bailó junto a la cantante Sandra Sandoval. Jurado también figura en varias sociedades anónimas junto a la alcaldesa de Boquerón, Jesenka Espinosa Ríos, quien confirmó haber sido gerente general de Bagatrac entre 2007 y 2019.
Constructora Rodsa también ha sido favorecida con contrataciones directas. En noviembre pasado, recibió un contrato del MOP por más de $12 millones, invocando el estado de emergencia ambiental, para la ampliación del cauce del río Tonosí, en Los Santos. En enero de este año se firmó el acta final de aceptación de los trabajos. Bajo el mismo mecanismo, un mes antes se le adjudicó otro contrato por cerca de $260 mil por parte del Ministerio de Ambiente, para el mantenimiento y operación del vertedero de Macaracas, también en Los Santos. Rodsa también se benefició de unos $7 millones en traslados de partida solicitados por el MOP en noviembre de 2024.
Durante la administración de Cortizo, la empresa acumuló más de $118.1 millones en asocio con Ingeniería y Remodelaciones Civiles. Juan Alexis Rodríguez, presidente de Rodsa, confesó haber realizado pagos a funcionarios del MOP en concepto de ayuda política en el caso Blue Apple, admitiendo que, a diferencia de Cerdas, le exigieron entre el 8% y el 10% del valor de sus contratos.
La investigación reveló que las cuentas de Blue Apple Services Inc. en tres bancos reflejaron la recepción de $39.6 millones, en su mayoría provenientes de desembolsos de Rodsa y Meco. Rodríguez también alcanzó un acuerdo de colaboración eficaz, lo que derivó en el archivo de la causa en su contra bajo la figura de ruptura procesal , proporcionando información que permitió identificar a otras empresas vinculadas al entramado.
A pesar de que los principales contratistas implicados (Meco, Bagatrac y Rodsa) admitieron haber pagado millones de dólares en sobornos, no existe un registro público detallado que permita conocer cuánto devolvió cada empresa al Estado de manera individual. Las autoridades han informado la recuperación global de al menos $20 millones en efectivo y $5 millones en bienes.
Ingeniería REC, otra firma que admitió pagos en Blue Apple, obtuvo recientemente un contrato por $14.8 millones por encima del precio de referencia con la Autoridad Nacional de Aduanas para la construcción de un centro de control de frontera en Guabito, Bocas del Toro. Su representante legal, Eduardo Di Bello, admitió haber realizado pagos vinculados al esquema, y la investigación detectó un cheque por más de $805 mil hacia la estructura financiera. Como parte de un acuerdo, devolvió $1.3 millones al Estado. En la pasada administración, la empresa obtuvo un contrato por más de $152 millones en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
En noviembre de 2023, la juez penal Baloisa Marquínez dictó sentencia condenatoria contra siete personas por el caso Blue Apple, incluyendo al exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, y al expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA), Riccardo Francolini. La sentencia fue confirmada en 2024 por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
Sin embargo, la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, y el Código Penal no establecen una inhabilitación automática para empresas vinculadas a actos de corrupción, lo que ha permitido que aquellas cuyos directivos han confesado continúen contratando con el Estado. A pesar de las iniciativas legislativas para prohibir esta práctica, incluyendo propuestas de inhabilitación permanente, estas no han prosperado o permanecen estancadas en la Asamblea Nacional.
El presidente Mulino anunció en diciembre pasado que en enero presentaría una reforma profunda a la Ley de Contrataciones Públicas, calificándola como un desastre que genera corrupción, pero hasta la fecha no se ha presentado un anteproyecto de ley ante la Asamblea. El mandatario indicó que la propuesta sería llevada primero al Consejo de Gabinete y posteriormente al Legislativo, pero el tema aún no ha sido abordado formalmente.
