El caso por más de $8.000 millones en La Araucanía ha trascendido la investigación judicial para convertirse en un fenómeno político, marcado por las declaraciones de alto impacto del gobernador René Saffirio, la presión pública sobre la Fiscalía y una narrativa que avanza a un ritmo superior a los procesos legales. No solo el monto de los fondos en cuestión genera controversia, sino también la forma en que se está abordando la situación.
El punto de inflexión se produjo cuando Saffirio cuestionó públicamente la labor del Ministerio Público, sugiriendo un posible conflicto de interés del fiscal regional Roberto Garrido debido a su vínculo docente con la Universidad Autónoma. Esta afirmación, según consignó el Diario Austral, no solo elevó el tono del debate, sino que sembró dudas sobre la imparcialidad de la investigación. La Fiscalía respondió defendiendo su independencia y carácter técnico, argumentando que las críticas se basan en la ignorancia de los procedimientos y avances reales. Sin embargo, el daño comunicacional ya estaba hecho: la sospecha quedó instalada en la opinión pública.
Desde entonces, el caso ha evolucionado en dos dimensiones paralelas. Por un lado, la investigación formal, que ha logrado avances consistentes. Por otro, una construcción pública de la información, donde se revelan detalles a los medios, se anticipan conclusiones y se amplifica el impacto en la percepción ciudadana. Saffirio ha insistido en su relato, destacando que de 327 empresas beneficiadas por el programa de reactivación económica de la Corporación de Desarrollo de La Araucanía, solo 23 habrían rendido correctamente, lo que representa un escaso 7% de los recursos. Si bien esta cifra es impactante, plantea interrogantes sobre el detalle de cada caso y el destino final de los fondos.
La denuncia ha generado tensiones entre los beneficiarios del programa, muchos de los cuales aseguran no haber recibido observaciones formales ni instancias para corregir errores, mientras que otros esperan un listado para identificar su situación dentro de ese 7% de rendiciones correctas.
En este contexto, el caso del empresario y político Alejandro Martini ha cobrado relevancia debido a la red de relaciones que lo rodean. Su empresa, Sociedad de Inversiones Martini, figura con rendiciones rechazadas y está vinculada a otras empresas asociadas a su cónyuge y familiares, como Inversiones El Refugio, Comercial MK Chile e Inversiones MAK, que en conjunto recibieron cerca de $199 millones con rendiciones completamente rechazadas.
La complejidad radica en la estructura de estas empresas, que operan con vínculos comerciales entre sí, facturación cruzada y relaciones personales que dificultan la trazabilidad de los recursos. Martini afirma haber ejecutado los proyectos y no haber sido informado de las observaciones, enterándose de la situación a través de la prensa.
Otro actor clave es el exdiputado Diego Paulsen, actual embajador del gobierno entrante, quien aparece vinculado a empresas familiares que recibieron recursos y presentan rendiciones observadas o rechazadas, como Santa Clara SPA, Inversiones RGA, Comercial Decorene, Fruterra Gastronomía e Inversiones 530. En estas empresas figuran nombres como María Valentina García Aguilera, Rodrigo García Aguilera, Margarita Aguilera Galaz y Ricardo García Migueles, así como Tomás Echavarri Fernández, vinculado a Inversiones G7, quien también comparte relaciones comerciales con el mismo entorno. Las observaciones incluyen falta de respaldos, inconsistencias en facturas y dudas sobre la ejecución de los proyectos, aunque aún no existen conclusiones judiciales definitivas.
En varios casos, los recursos se utilizaron en operaciones entre empresas del mismo grupo familiar, lo que genera sospechas de conflictos de interés o falta de independencia en las transacciones. Los involucrados sostienen haber ejecutado los proyectos y no haber sido informados oportunamente de las observaciones, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema de seguimiento y corrección.
Este punto es crucial, ya que cambia el enfoque del problema. Ya no se trata solo de si hubo irregularidades, sino de si el sistema fue capaz de detectarlas, comunicarlas y corregirlas a tiempo. El caso, por lo tanto, deja de ser individual y se convierte en sistémico, revelando patrones, relaciones y dinámicas repetidas. En este entramado, emerge constantemente el nombre de Juan Pablo Leonelli Lepín.
Leonelli, exjefe de gabinete del Gobierno Regional durante la administración de Luciano Rivas, aparece vinculado tanto a la operación del programa como a relaciones personales con beneficiarios. Actualmente, enfrenta procesos más avanzados por parte de la Fiscalía en los casos Folab y Educ, y Fundación Local, a la espera de una sentencia condenatoria. Su rol es particularmente sensible debido a que, mientras formaba parte de la estructura del programa, firmó rendiciones de empresas en calidad de responsable dentro de la Corporación, incluyendo algunas vinculadas a su entorno cercano, como la propia empresa de Martini, con quien mantiene una relación de amistad reconocida.
Su vínculo societario previo con actores políticos y empresariales refuerza la percepción de redes que se extienden más allá de un caso puntual. Leonelli no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una dinámica que cruza lo político, lo administrativo y lo privado.
Saffirio ha presentado el programa investigado como parte de un diseño para transferir recursos a actores vinculados a la política, ampliando el mapa de la investigación pero también volviéndolo más difuso. Ha denunciado desorden interno en el Gobierno Regional, señalando que encontró información extraviada y fallas en los sistemas de control. Sin embargo, surge la interrogante de por qué, si toda la información de la Corporación fue entregada a la PDI hace más de un año, los controles internos se activaron recién ahora y se anunciaron sumarios.
El programa se originó durante la administración de Luciano Rivas, en un contexto de crisis económica post pandemia, con el objetivo de reactivar la economía regional. Saffirio, sin embargo, ha cuestionado la gestión anterior y ha anunciado la eliminación de la Corporación de Desarrollo Productivo de La Araucanía, aunque esta aún se mantiene operativa con un equipo de cinco personas.
Recientemente, el traspaso de recursos a través de la Corporación hacia iniciativas del programa Geoparque Kutralkura ha complejizado el escenario. A pesar de las denuncias de miles de millones en gastos rechazados, el Gobierno Regional transfirió recursos a la Corporación, presidida por el propio Saffirio, lo que contraviene la normativa que exige la previa rendición y aprobación de fondos anteriores, según ha sostenido la Contraloría General de la República.
El estilo Saffirio se caracteriza por lanzar denuncias de alto impacto, cifras que escalan y anuncios que a menudo no se ajustan a los tiempos administrativos o judiciales. Este enfoque ha generado controversia y ha sido criticado por algunos consejeros regionales, quienes consideran que dificulta el debate constructivo y la búsqueda de soluciones.
En resumen, el caso ha generado incertidumbre y confusión, ya que se juega tanto en los tribunales como en la percepción pública. La búsqueda de la justicia requiere pruebas y datos concretos, pero las acusaciones, una vez instaladas, son difíciles de revertir. El estilo Saffirio , con su fuerza y sus riesgos, ha marcado el rumbo de esta investigación y ha puesto a La Araucanía en el centro de la atención nacional.
