Ocho días después de la asunción de Rodrigo Paz Pereira como presidente de Bolivia, el 17 de noviembre de 2025, Cynthia Martha Aramayo Aguilar fue designada Coordinadora General Interina de la Unidad Técnica de Ferrocarriles por el Ministerio de Obras Públicas. Previamente, José Gabriel Espinoza Yáñez había asumido el cargo de ministro de Economía una semana antes.
Los perfiles oficiales difundidos en la prensa boliviana destacaron la formación académica y el compromiso institucional de ambos funcionarios. Sin embargo, una conexión significativa no fue revelada en dichos perfiles: tanto Aramayo como Espinoza trabajaron durante años para la misma empresa privada.
El empleador en común es Carlos Enrique Gill Ramírez, un empresario con nacionalidades paraguaya y venezolana. Gill Ramírez ejerce control sobre el 50% de las dos únicas redes ferroviarias concesionadas en Bolivia.
La designación de Aramayo como Coordinadora General Interina y la de Espinoza como Ministro de Economía, ambos con un pasado laboral vinculado a Gill Ramírez, plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés en la gestión y regulación del sector ferroviario boliviano. La información disponible hasta el momento se limita a la confirmación de su empleo previo con el empresario, sin detalles adicionales sobre la naturaleza de sus funciones o la duración de su relación laboral.
La falta de transparencia en la divulgación de estos vínculos empresariales ha generado atención en medios locales y podría desencadenar un debate sobre la necesidad de una mayor escrutinio en los procesos de nombramiento de funcionarios públicos con intereses privados en sectores estratégicos. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
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