La Audiencia Nacional se prepara para un juicio de tres meses que promete desvelar los entresijos de la denominada Operación Kitchen , una presunta trama de espionaje policial sin aval judicial orquestada contra el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en un intento por recuperar información comprometedora sobre la contabilidad paralela de la formación. El caso, que ya inspiró la película El Reino , involucra a altos cargos del PP, incluyendo a exministros y a la cúpula del Ministerio de Interior entre 2013 y 2015.
El origen de la controversia se remonta a un duro careo, ocurrido en noviembre de 2020 en la Audiencia Nacional y recientemente divulgado por El País, entre el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y su superior, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Martínez acusó a Fernández Díaz de no querer ser investigado y de no admitir su conocimiento sobre la trama, mientras que este último se defendió de acusaciones de insultos y difamaciones.
La Operación Kitchen , bautizada así por el excomisario José Villarejo, se centra en la presunta utilización de recursos policiales para obtener información sensible sobre la contabilidad B del PP, la cual fue probada en el juicio del caso G rtel y desencadenó la moción de censura que derrocó al gobierno de Mariano Rajoy.
Entre los acusados se encuentran Fernández Díaz y Martínez, a quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión por tres delitos. También serán juzgados el exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, y los comisarios José Villarejo, José Olivera y Andrés Gómez Gordo.
El periodista Ernesto Ekaizer, exdirector adjunto de El País y autor del libro Operación Jaque Mate , señala que la Operación Kitchen no es un caso aislado de cloacas del Estado , sino una muestra de cómo el PP convirtió a la Policía Nacional en una fuerza al servicio de sus intereses. No acudieron a mecanismos clandestinos como el PSOE con el GAL, sino que prácticamente convirtieron a la policía en una rama del PP , afirma Ekaizer.
La operación involucró a 50 miembros de la Policía Nacional, incluyendo altos cargos y agentes de paisano, lo que demuestra la importancia que se le otorgó. Se llevaron a cabo acciones controvertidas, como la entrada ilegal al taller de restauración de la esposa de Bárcenas y la violación del domicilio familiar, con la retención y agresión a Rosario Iglesias y a su hijo por parte de un agente del CNI.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, algunos de los principales implicados no se sentarán en el banquillo de los acusados. Dolores de Cospedal, exnúmero 2 del PP, fue imputada inicialmente pero finalmente no será juzgada, debido a la protección que, según Ekaizer, recibió del juez García Castellón. Rajoy tampoco será juzgado. Ekaizer critica la decisión, argumentando que el fiscal anticorrupción Serrano se vio obligado a recurrir a un lenguaje casi político para denunciar la existencia de una línea roja que impedía investigar a los altos cargos del PP.
La magistrada Teresa Palacios, conocida por su perfil conservador, presidirá el tribunal que juzgará el caso. La acusación particular estará representada por el abogado de la familia Bárcenas, mientras que la acusación popular correrá a cargo de los abogados del PSOE y de Podemos. También estará presente un representante de la Abogacía del Estado, debido a la posible implicación de fondos reservados.
Uno de los testigos clave será el inspector jefe Manuel Morocho, quien denunció el sabotaje a sus investigaciones por parte de altos mandos policiales. Morocho reveló que se le ordenó no incluir nombres de responsables políticos en el informe sobre la caja B, específicamente el de Mariano Rajoy.
Las fechas más esperadas son el 23 de abril, cuando Rajoy y Cospedal declaren como testigos, y el 27 de abril, cuando lo haga el senador Javier Arenas y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Se espera que la sentencia se conozca después del verano. Paralelamente, el Tribunal Supremo ha programado juicios orales contra otros exministros por el caso de las mascarillas y contra el hermano del presidente del Gobierno. Villarejo, por su parte, ha prometido una intervención tremenda contra los altos mandos del PP, según fuentes cercanas a la investigación. El impacto político de este juicio se anticipa significativo, poniendo en tela de juicio la integridad del Partido Popular y revelando las prácticas oscuras que caracterizaron su etapa en el poder.
