El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Enrique Ochoa, calificó como “excesiva” la reciente resolución emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU en relación con la situación en México. Ochoa argumentó que el informe del CDF carece de “rigor jurídico” y extiende de manera indebida la definición de desaparición forzada, excediendo así el mandato del organismo internacional.
La respuesta del funcionario de la SRE se dio a través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, en respuesta directa a las conclusiones del Comité. Ochoa enfatizó el compromiso de México con el sistema internacional de derechos humanos, destacando que el país ha ratificado las nueve Convenciones universales y las nueve regionales en la materia. “Tenemos un historial ejemplar en cooperación con el sistema internacional”, afirmó.
En este sentido, recordó que México se encuentra entre los 78 países que han ratificado la Convención de Desaparición Forzada y uno de los 30 que aceptan la jurisdicción del CDF para la recepción de comunicaciones individuales. Esta aceptación, según Ochoa, demuestra la disposición de México a someterse al escrutinio internacional y a colaborar en la búsqueda de soluciones a este grave problema.
Ochoa subrayó que la cooperación del gobierno mexicano con el CDF ha sido “ejemplar e inmensa”. Para respaldar esta afirmación, recordó que México fue la primera nación en recibir una visita in situ del Comité en 2021, y que ha respondido a todas las solicitudes de información planteadas por el organismo.
A pesar de la crítica a la resolución, el subsecretario reconoció los desafíos que enfrenta México en materia de desapariciones forzadas. “México no niega los desafíos que enfrenta en esta materia”, declaró. Sin embargo, enfatizó que el gobierno ha implementado políticas públicas y realizado cambios legislativos que son considerados ejemplos para otros Estados en la lucha contra este delito.
Ochoa destacó que México mantiene una “estrecha cooperación técnica” con diversos países, así como con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Fondo de Población de Naciones Unidas, con el objetivo de abordar de manera efectiva estos crímenes.
El funcionario de la SRE reiteró la disposición del gobierno mexicano a seguir colaborando con el sistema internacional en la atención de este “doloroso tema”. “Seguiremos abiertos a la cooperación y no nos cerramos a colaborar en la atención de este doloroso tema”, afirmó. “México continuará cooperando con el sistema internacional, en un marco de diálogo, privilegiado el análisis objetivo y riguroso”.
La postura de la SRE refleja la sensibilidad del gobierno mexicano ante las críticas internacionales en materia de derechos humanos, y su intención de defender su actuación en la lucha contra las desapariciones forzadas. Al mismo tiempo, la respuesta de Ochoa busca reafirmar el compromiso de México con la cooperación internacional y el respeto a los principios del derecho internacional.
La controversia en torno a la resolución del CDF pone de manifiesto la complejidad de la situación en México en materia de desapariciones forzadas, y la necesidad de un diálogo constructivo entre el gobierno mexicano y los organismos internacionales para encontrar soluciones efectivas a este grave problema. La crítica al rigor jurídico del informe del CDF sugiere que México considera que el enfoque del Comité no es el más adecuado para abordar la realidad del país, y que es necesario un análisis más objetivo y riguroso de la situación.
La disposición a seguir cooperando con el sistema internacional, expresada por Ochoa, es un mensaje positivo que puede abrir la puerta a un diálogo más fructífero entre México y la ONU. Sin embargo, la defensa de la actuación del gobierno mexicano y la crítica a la resolución del CDF también indican que el país no está dispuesto a aceptar cualquier tipo de injerencia en sus asuntos internos.
En definitiva, la respuesta de la SRE a la resolución del CDF es un reflejo de la tensión existente entre el gobierno mexicano y los organismos internacionales en materia de derechos humanos, y de la necesidad de encontrar un equilibrio entre la defensa de la soberanía nacional y la cooperación internacional en la lucha contra las desapariciones forzadas. La situación exige un análisis profundo y una reflexión sobre las causas y consecuencias de este grave problema, así como sobre las estrategias más efectivas para prevenirlo y combatirlo.
